El Ministerio Público salvadoreño acusó el domingo al expresidente Salvador Sánchez Cerén y a nueve exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes de los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La acusación contra Sánchez Cerén es en su carácter de vicepresidente de la República en el gobierno de Funes, donde también se desempeñó como ministro de Educación ad honorem y según la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República (FGR) recibió fondos ilícitos por un total de 530.000 dólares.
La Fiscalía presentó el requerimiento en el Juzgado Segundo de Paz contra la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología.
Además, se presentó la acusación y se solicitó la orden de captura con difusión roja contra Sánchez Cerén; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.
El fiscal general Rodolfo Delgado señaló que varios de los implicados se encuentran fuera del país, y el presidente Nayib Bukele confirmó que Sánchez Cerén salió vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó.
La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.
Según el Ministerio Público, la investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público”, que se extiende de 2009 a 2014 durante el mandato de Funes, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para la Casa Presidencial para los cinco años de gobierno, pero al final terminaron siendo 351 millones de dólares en transferencias de fondos realizadas por el exministro de Hacienda sin autorización del Congreso.
En el requerimiento la Fiscalía entregó el detalle de los montos que cada uno de los implicados habría recibido de forma ilícita, y se aseguró que el dinero forma parte de los 351 millones que se desviaron en el gobierno de Funes
Al ingresar a los tribunales, uno de los fiscales dijo que cuentan con pruebas documentales y periciales, y explicó que se incluyen los recibos originales que acreditan que todos los implicados recibieron esas cantidades de dinero al margen de la ley. Afirmaron que los recibos han sido examinados por grafólogos y han determinado que corresponden a los acusados.
Al conocer los alegatos de la Fiscalía, Funes afirmó en su cuenta de Twitter: “La FGR miente. Primero, los supuestos recibos no han sido autenticados por un peritaje oficial, por lo que no pueden constituir prueba documental. Segundo, no existe ninguna orden o aval de la Presidencia para que los supuestos pagos se hicieron efectivos”.
Agregó que “en todo caso, si hubo pago de sobresueldos, lo que aún no ha sido demostrado, éstos los hizo el secretario privado de la Presidencia, en tanto responsable de la administración de CAPRES (Casa Presidencial)”.
Funes tiene cinco procesos penales abiertos en varios juzgados de El Salvador, entre ellos el juicio por el desvío de los 351 millones de dólares que, según la Fiscalía, fueron a parar a cuentas de testaferros, de familiares y de sus allegados.
Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán, y sus hijos Diego Roberto y Carlos Mauricio Funes se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. En aquel momento se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y no enfrentaban aún una orden de captura.
Mientras los exfuncionarios eran presentados en el Juzgado, casi un centenar de dirigentes del FMLN, entre ellos exdiputados y simpatizantes, se congregaron en las proximidades del Centro Judicial para exigir la inmediata libertad de sus compañeros por considerar que se trata de “presos políticos”.
