Las autoridades colombianas anunciaron el miércoles la reactivación de tres circulares rojas de Interpol contra Iván Luciano Márquez Marín, quien abandonó el acuerdo de paz con el Estado y lidera una disidencia de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Le hemos pedido de manera formal a la oficina central de Interpol en Venezuela que ubiquen y capturen a alias Iván Márquez, que se encuentra en Venezuela, para ser extraditado a Colombia y responda por estos delitos”, dijo el director de la policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, en una declaración oficial.
El presidente Iván Duque aseguró el 26 de julio que Márquez se encontraba en territorio venezolano “protegido” por ese gobierno y le pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país promotor del terrorismo por albergar a ex FARC y a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Desde Caracas el canciller Jorge Arreaza negó los señalamientos y acusó al presidente Duque de ser un “cínico” por lanzar acusaciones cuando se investiga la presunta participación de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Con la activación de las circulares Márquez es buscado en 196 países que forman parte de Interpol para que responda por los delitos de reclutamiento ilícito, homicidio de persona protegida y desaparición forzada cometidos entre 2001 y 2002.
El gobierno de Colombia ofrece hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 766.000 dólares) por información que ayude a ubicar y capturar a Márquez, mientras que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por delitos relacionados con el secuestro y el narcotráfico.
“(Márquez) es un narcotraficante, un terrorista… si en algunos lugares las autoridades están es propiciando su protección, de pronto hay personas que están interesadas en cobrar la recompensa y entregarlo a la Interpol para que pueda venir a Colombia a pagar”, dijo el presidente Duque el miércoles a la prensa.
En octubre de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto interno en Colombia, expulsó a Márquez quitándole los beneficios que obtuvo en 2016 tras firmar el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, los cuales incluían la suspensión o cancelación de las órdenes de captura, pérdida de las amnistías y la libertad condicional.
Desde entonces, la Fiscalía reanudó la investigación de los delitos que Márquez cometió antes y después de firmar el acuerdo de paz.
