Estados Unidos y México acordaron dejar atrás la Iniciativa Mérida —que se impulsó hace 13 años para desarrollar las capacidades de las autoridades mexicanas en el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales— para dar paso a un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad que regirá la forma en que los dos países cooperan en una amplia gama de temas.
“Es tiempo de un enfoque integral de nuestra cooperación en materia de seguridad”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores al abrir el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad. Blinken indicó que ya es hora de trabajar en un enfoque que “nos vea como socios iguales en la definición de nuestras prioridades compartidas”, y que aborde las causas como la inequidad, la corrupción, y que fortalezca no solo la aplicación de la ley, sino también salud, estado de derecho, y las oportunidades económicas inclusivas.
Al referirse a la migración, añadió en una conferencia de prensa que Washington y México están trabajando para atender las causas raíz del problema. “México y Estados Unidos creen fuertemente que necesitamos tener un trabajo regional ante esto. Es un enfoque regional, un sentido mayor y también una aplicación práctica de la noción de responsabilidad compartida”, agregó.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard explicó que a diferencia de la Iniciativa Mérida el nuevo plan busca ir más allá de la captura de capos del narcotráfico para atender que las adicciones a las drogas y las causas económicas y sociales que llevan a los jóvenes a unirse a los carteles. “El éxito de esto se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga”, precisó.
Ambos gobiernos se comprometieron, en una declaración conjunta, a invertir en salud pública para atender los impactos del consumo de drogas, especialmente los opioides; en desmantelar las redes criminales; y prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y la trata de personas.
Estados Unidos dijo que dedicaría más recursos para identificar y tratar a las personas afectadas por los opioides, mientras que México aseguró que trabajará con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para lanzar un programa que permita administrar mejor los contenedores portuarios y limitar así la importación de precursores químicos para drogas sintéticas como el fentanilo.
México incautó aproximadamente 1,3 toneladas del opioide sintético el año pasado. Ese mismo año Estados Unidos registró 93.000 muertes por sobredosis de drogas.
Ambos gobiernos aseguraron que atacarían a los importadores de precursores químicos de fentanilo y metanfetamina, sus redes financieras y laboratorios secretos, y a trabajar de manera conjunta para reducir el tráfico de armas.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ambos gobiernos están trabajando para lograr zonas más seguras en ambos lados de la frontera y combatir problemas como el tráfico de armas y estupefacientes y el lavado de dinero.
Más temprano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión en el palacio presidencial con Blinken, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Justicia de ese país, Merrick Garland. El mandatario manifestó la disposición de su gobierno a cooperar y trabajar con Washington en un marco de respeto mutuo de las soberanías y reiteró la invitación a su homólogo Joe Biden para visitar México.
El llamado Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras busca ir más allá de la Iniciativa Mérida que se impulsó desde el 2008 durante las administraciones de los expresidente George Bush y Felipe Calderón. El gobierno de López Obrador ha planteado que no está interesado en el equipo militar que se utilizó en el pasado en el combate a las grupos de narcotraficantes, sino que los esfuerzos se centren en las causas del consumo de drogas y la migración.
Los gobiernos insisten en que sus agencias de seguridad trabajen en estrecha colaboración, pero tras el arresto por parte de Estados Unidos del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, y luego su liberación después de las fuertes protestas de México, las tensiones han permanecido.
Cienfuegos fue arrestado luego de ser acusado en secreto por un gran jurado federal en Nueva York en 2019. El exjefe militar fue acusado de conspirar con el cartel H-2 para contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana mientras era secretario de Defensa entre el 2012 y el 2018.
Con Cienfuegos de regreso, México dijo que realizaría su propia investigación, pero el proceso se cerró rápidamente. López Obrador atacó a los fiscales estadounidenses que actuaron contra el general y acusó a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) de fabricar el caso. Tras el incidente México restringió a los agentes estadounidenses que trabajaban en el país y levantó su inmunidad diplomática.
