Cientos de inmigrantes indocumentados han sido detenidos por autoridades estatales de Texas, acusados de “invasión a la propiedad privada” bajo la Operación Estrella solitaria, un plan impulsado por el gobernador republicano Greg Abbott.
Hasta el momento, según diversos reportes, casi 1,000 migrantes pasan encarcelados por semanas y, a veces, más de un mes, debido a irregularidades que acusan en el procedimiento.
Abbott acusa que hay un flujo imparable de inmigrantes indocumentados a la entidad y que las autoridades federales no los detienen, pero como los policías locales no pueden arrestar a las personas por violaciones migratorias tienen la orden de detenerlos por invasión.
Ahora, más de 25 legisladores pidieron al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue ese operativo que combina efectivos policiales y tropas de la Guardia Nacional de Texas.
“(El gobernador) continúa la militarización de las comunidades fronterizas e interfiere con el sistema federal de inmigración”, señalaron los legisladores.
El pedido se envió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Justicia, Merrick Garland, alegando que la política de Abbott “probablemente viola” la cláusula de la Constitución que da supremacía a la ley federal sobre las estatales.
A la Operación Estrella Solitaria (Lone Start, en ingles) se destinan alrededor de $1,000 millones de dólares, según los legisladores.
“Somete a los migrantes sospechosos al arresto, encarcelamiento y procesamiento criminal por parte de las autoridades estatales y locales, por lo que en Texas es el delito menor de traspaso”, indicaron.
Abbott lanzó la Operación a principios de marzo para reforzar la frontera del estado con México y combatir el contrabando de migrantes y el narcotráfico.
A mediados de octubre Abbott indicó que la Oficina de Seguridad Pública de Texas distribuirá más de $36.5 millones de dólares en fondos no reembolsables para las actividades de policía y enjuiciamiento en apoyo directo a la Operación Estrella Solitaria.
“En el último mes el Estado ha dejado pasar múltiples plazos estatutarios para la presentación de cargos, y las cárceles deben dejar en libertad a los detenidos sin la presentación de los cargos, lo cual no ha ocurrido en todos los casos”, según estos legisladores.
