El Estado de Guatemala se defendió el martes ante la ONU de las críticas nacionales e internacionales ante reiteradas violaciones a los derechos humanos, durante el Examen Periódico Universal en Ginebra, en Suiza. Ante los señalamientos por criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, el país dijo que ha tomado acciones para mejorar la situación.
Tras la presentación del informe de país que hicieron los funcionarios guatemaltecos, la comunidad internacional comenzó a manifestar su preocupación en el foro público por la situación de grupos vulnerables como el de mujeres o la comunidad LGBTIQ+, así como por los casos de persecución y criminalización a jueces y fiscales que investigaron corrupción y la violación al derecho de libertad de expresión y prensa. También recalcaron la realidad de pobreza y violencia que rodea a mujeres, niñas y niños.
Países como Francia, Alemania, Costa Rica, Italia, España, entre otros, mostraron su preocupación por la criminalización de operadores de justicia y pidieron al Estado tomar acciones en contra.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei unos 30 operados de justicia se han exiliado en otros países denunciando que son perseguidos por haber investigado actos de corrupción y delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en el país entre 1960-1996.
Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, encabezó la delegación guatemalteca que estaba conformada por funcionarios y empleados de gobierno y de Estado, por diputados y por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Contreras hizo un recuento de las medidas que ha implementado Guatemala y aseguró que los avances en materia de DDHH en el país se reflejan en las estadísticas macroeconómicas y sociales, cifras a las que no se refirió.
“Guatemala es pionero en la región en la atención a poblaciones vulneradas en sus derechos con la puesta en marcha a través de un enfoque sistémico de tres modelos de atención a víctimas”, dijo en referencia a los protocolos que sirven para dar atención y asistir a niños y adolescentes a quienes le son vulnerados sus derechos, a los temas en materia de justicia penal juvenil y al de mujeres víctimas de violencia.
En cambio, el representante de España destacó la falta de cumplimiento efectivo de algunas recomendaciones del examen anterior y recomendó “tomar medidas para garantizar el respeto a la independencia judicial y fiscal, con el fin de que puedan llevar su labor sin presiones externas”.
En temas de nutrición, Contreras recalcó que durante los tres años de gobierno de Giammattei se elevó el presupuesto para la atención a este tema de 830 millones de dólares alcanzó los 1.303 millones de dólares.
En materia de migración, uno de los rubros que preocupa a la comunidad internacional, Contreras dijo que en 2020 inició a funcionar el Instituto Nacional de Migración y que desde entonces ha brindad refugio y protección a 2,406 migrantes de otros países.
