Veinte estados controlados por republicanos presentaron una demanda el martes pidiendo a un juez federal en Texas que detenga un programa de inmigración implementando por la administración de Joe Biden que permite que hasta 30,000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ingresen legalmente a Estados Unidos cada mes, si tienen patrocinadores.
El programa migratorio anunciado por el presidente Biden como parte de una nueva estrategia para disuadir los cruces fronterizos de inmigrantes indocumentados, permite a los inmigrantes elegibles de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en EE.UU. legalmente bajo una autoridad de inmigración humanitaria conocida como libertad condicional, pero también aplica el Título 42 a los inmigrantes indocumentados de esos cuatro países que intenten ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre con México.
En el mes de enero, unas 11,000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EE.UU. bajo este programa, según datos de DHS.
La administración de Biden ha argumentado que el programa, junto con el aumento de las expulsiones de inmigrantes que intentan ingresar sin estar autorizados a EE.UU., permitirá al país gestionar mejor los flujos migratorios históricos registrados a lo largo de la frontera sur en los últimos dos años.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa conocido como “parole humanitario” como medida cautelar,mientras la corte decide sobre la demanda presentada por esos estados que solicita que se ponga fin al mismo.
A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados pidieron presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EE.UU.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”.
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30,000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “servicios a los migrantes”.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE.UU.
La Casa Blanca criticó la demanda el martes y dijo que los funcionarios estatales republicanos buscaban “sumar puntos políticos”.
“Han bloqueado la reforma migratoria integral y el financiamiento para la seguridad fronteriza, y ahora están tratando de bloquear un programa que ha reducido drásticamente la cantidad de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente al país, al mismo tiempo que proporciona una vía segura, legal y ordenada para la migración de personas que huyen del comunismo o del colapso económico”, dijo la Casa Blanca.
