El gobernador republicano de Florida Ron DeSantis anunció durante una rueda de prensa realizada en Jacksonville el jueves, que está proponiendo a la Asamblea del estado que apruebe una nueva serie de “medidas enérgicas” contra los inmigrantes indocumentados, que afectarían a su educación, empleo y otros aspectos de sus vidas como el cuidado médico.

El gobernador, que es considerado como un posible candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, reanudó el jueves sus críticas contra las políticas migratorias del presidente Joe Biden y lo responsabilizó de la “afluencia de drogas y otros problemas” en la frontera sur del país.

Ante un cartel en el que se leía “Crisis fronteriza de Biden”, DeSantis anunció como sus prioridades las de implementar “medidas enérgicas” contra los indocumentados en Florida.

El paquete de propuestas presentado por el gobernador bajo el nombre de “La lucha de Florida contra la crisis fronteriza de Biden” incluye “mejorar” las sanciones por tráfico humano y contempla como “delito grave de tercer grado” transportar, ocultar o albergar a extranjeros ilegales, sancionado con hasta cinco años de prisión.

También exige aplicar el sistema e-verify para conocer el status migratorio de una persona antes de concederle un empleo.

Se incluye en la propuesta de DeSantis la derogación de una ley de 2014 patrocinada por la teniente gobernadora Jeanette Núñez cuando era legisladora de Florida que ofrecía cupones de matrícula fuera del estado a algunos “dreamers” elegibles, los niños inmigrantes indocumentados traídos a Estados a una edad temprana. La ley de Florida se aplicó a los “dreamers” que asistieran a una escuela secundaria de Florida durante al menos tres años.

Si queremos mantener la línea de matrícula, entonces debes decir que ‘necesitas ser ciudadanos estadounidenses que viven en Florida’”, dijo DeSantis. “¿Por qué subsidiaríamos a un ciudadano no estadounidense cuando queremos asegurarnos de que podamos mantenerlo asequible para nuestra propia gente?”

Entre otras medidas anunciada para “desincentivar la inmigración ilegal en Florida”, se obligará a los hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de pacientes y presentar periódicamente informes sobre el coste de la atención brindada a los extranjeros ilegales.