Los migrantes que entren en Estados Unidos de manera ilegal serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia, como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal, informó el Departamento de Seguridad Nacional (o DHS) el viernes.
El nuevo plan iniciará con un pequeño número de migrantes la próxima semana. Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de coronavirus que ha suspendido para muchos el derecho a pedir asilo. Está previsto que dicha norma deje de aplicarse el 11 de mayo.
Si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadounidense para solicitar asilo.
Funcionarios del DHS detallaron que empezarán a trabajar con un proveedor de servicios jurídicos, al cual no identificaron y que representará a los solicitantes de asilo en las investigaciones iniciales, conocidas como “entrevistas de temor fundado”. El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido anunciados públicamente.
Las entrevistas se llevarán a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) equipadas con líneas telefónicas que se utilizarán para las audiencias, según las autoridades. La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones.
El presidente Donald Trump introdujo la evaluación expedita mientras las personas se encontraban bajo custodia de la CBP, pero su sucesor, Joe Biden, la canceló en la primera semana de su presidencia. Funcionarios del gobierno de Biden dicen que el nuevo plan es distinto porque ofrece acceso a asesoría jurídica y requiere que las evaluaciones sean efectuadas por funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), no por agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurría durante el gobierno de Trump.
En la actualidad, transcurren unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y, si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que sea transportado por aire a su país de origen, señalaron funcionarios. La nueva táctica pretende recortar ese tiempo a menos de 72 horas, el máximo permitido para mantener a alguien detenido en una instalación de la CBP, según las políticas de la agencia.
