El gobierno del presidente Joe Biden informó el martes que extenderá el Estatus de Protección Temporal por 18 meses para más de 300.000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, causando la decepción de algunos activistas y legisladores que buscaban una oferta más generosa.
Las extensiones brindan “seguridad y protección continua” para quienes ya se encuentran legalmente en Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés), el cual estaba por expirar como parte de las decisiones del gobierno del expresidente Donald Trump, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Aunque la decisión beneficia a cerca de 334.000 personas de los cuatro países, incluidos 239.000 salvadoreños, algunos tenían la esperanza de una medida más radical que incluyera una mayor elegibilidad para los llegados recientemente procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El senador federal Bob Menendez, un demócrata por Nueva Jersey que presionó a la Casa Blanca para que se implementaran las extensiones, aplaudió la medida, pero añadió que “simplemente no va lo suficientemente lejos”, e insinuó que “pudo haber sido impulsada en parte por cálculos políticos y no por un sólido fundamento de políticas ni por las condiciones en cada país”.
El representante federal Joaquin Castro, un demócrata por Texas que fue uno de los 116 legisladores que en mayo pasado firmaron una carta para solicitar la prórroga, dijo que el gobierno “ha permitido que esta decisión sea tomada por miedo político y no por una preocupación humanitaria”.
El gobierno ha utilizado de forma agresiva el TPS, una ley de 1990 que les permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos permanecer en el país por incrementos de 18 meses en caso de que el secretario de Seguridad Nacional determine que los desastres naturales o conflictos civiles les impidan regresar a salvo a sus naciones de origen.
