La autoridades estadounidenses investigan varias denuncias de abuso sexual por parte de varios policías de Chicago (Illinois) a inmigrantes solicitantes de asilo alojados temporalmente en una comisaría, entre ellos una adolescente.

Sin detallar los hechos, la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA, en inglés) indicó que indaga “una acusación de conducta sexual inapropiada” de agentes del Departamento de Policía de Chicago del Distrito 10, en el occidente de la ciudad.

Medios locales señalaron el sábado que uno de los oficiales ha sido acusado de embarazar a una adolescente.

Con el envío de inmigrantes por parte de estados con gobiernos republicanos a jurisdicciones demócratas, miles de ellos han llegado a Chicago de forma intempestiva, y en su primeros días se ven obligados a dormir temporalmente en comisarías o escuelas.

Según COPA, las investigaciones “pueden involucrar acciones criminales” y requieren la cooperación de la Policía y, en última instancia, del Fiscal del Estado del Condado de Cook.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, subrayó que trabajará con la Policía “para garantizar que existan protocolos para mantener seguros a los migrantes en las estaciones de policía mientras esperan un refugio más adecuado”

”Estas denuncias demuestran la urgencia con la que la ciudad debe establecer soluciones a largo plazo para alojamiento temporal y vivienda permanente“, señaló Lawrence Benito, director de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, en inglés).

El gobierno de Johnson tiene previsto abrir cinco refugios para un total de 2.500 migrantes.

Desde agosto, unos 11.000 inmigrantes han sido enviados a Chicago en autobuses o aviones, algunos por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Hace poco, el propietario de una empresa de canoas y kayaks de Texas presentó una demanda para detener la instalación de una barrera marina flotante en el Río Grande, alegando que el gobernador Abbott no tiene derecho a regular la frontera.

La demanda se presentó el mismo día en que Texas comenzó a desplegar boyas para la barrera fluvial en un intento por disuadir a los inmigrantes indocumentados de cruzar el río que divide naturalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según CNN.

“Nuestra demanda busca proteger a las comunidades en la frontera entre Texas y México de las políticas engañosas del gobernador Abbott”, dijo el abogado Carlos Flores, quien representa a la demandante Jessie Fuentes, propietaria de Epi’s Canoe & Kayak Team Llc.

Abbott, crítico desde hace mucho tiempo de las políticas fronterizas de la administración Biden, anunció el plan para instalar la barrera flotante de 1,000 pies el mes pasado.