Más de 500,000 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién durante 2023, en su gran mayoría con la intención de llegar a los Estados Unidos, en lo que ha sido una cifra récord en la frontera entre Colombia y Panamá.
En total, Panamá ha recibido en lo que va de año a 501,297 migrantes que han cruzado el Darién, de los cuales 320,465 son venezolanos y 54,757 son ecuatorianos, según las autoridades panameñas. La cifra supera ampliamente los 248,000 de 2022 y los 133,000 de 2021, que en promedio se traduce a más de 1,000 cruces diarios.
El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, Olivier Dubois, alertó el miércoles en una conferencia de prensa que esta situación requiere “una respuesta de asistencia humanitaria inmediata”, así como una reacción coordinada entre los países de origen, tránsito y destino junto con los organismos humanitarios, informó EFE.
Dubois agregó que muchos de los migrantes que llegan a Panamá tras cruzar el Darién son “niñas, niños y adolescentes que llegan deshidratados tras días sin probar alimentos, enfermos, con necesidad de atención física y de salud mental, pero también con necesidades de protección específicas especialmente si fueron víctimas de violencia sexual, de extorsión, secuestros” entre otros delitos.
“Debemos recordar que detrás de cada cifra hay individuos con historias propias, personas que decidieron emigrar por distintas razones, entre ellas la violencia, y cada una debe ser tratada con dignidad”, apuntó el jefe regional del CICR.
El tapón del Darién es una de las rutas más hostiles y arriesgadas para los migrantes que buscan llegar, principalmente, a Estados Unidos. El recorrido implica atravesar una zona selvática de unos 200 kilómetros, sin carreteras ni infraestructura, donde abundan los animales salvajes, las serpientes venenosas, los ríos caudalosos, así como bandas criminales que los extorsionan, roban y violan.
Entretanto, el gobierno panameño ha criticado la falta de cooperación de los países del sur de América, especialmente de Colombia, para contener el flujo migratorio, en cuya gestión el país centroamericano ha invertido cerca de $70 millones de dólares en los últimos años, según datos oficiales.
Panamá aplica desde hace años una operación de flujo controlado, que consiste en registrar a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas, a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria donde les dan cobijo, alimento y atención sanitaria, para luego coordinar la salida en autobuses hasta Costa Rica, un desplazamiento que es costeado por Panamá.
En octubre, Panamá y Costa Rica activaron un “corredor humanitario” para el traslado directo de migrantes hasta territorio costarricense, evitando que se queden varados en la frontera de Paso Canoas, con el objetivo de facilitar el tránsito ordenado y seguro de estas personas que aspiran a llegar a Norteamérica.
