El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
El canciller Yván Gil indicó que además se ordenó “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” firmada en 2019 con esa oficina y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
El gobierno venezolano expresó, sin embargo, su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego de los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.
