El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes la vigencia de un estado de excepción por sesenta días en seis provincias y una población, con el propósito de hacer frente a la espiral de violencia desatada por bandas criminales.
En el texto, se argumenta un estado de grave conmoción interna y conflicto armado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en la población minera de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, en el sur del país, en donde las autoridades han identificado los mayores índices de violencia criminal.
En Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado a tiros el alcalde José Sánchez a mediados de abril, mientras que a inicios de esta semana la policía informó del hallazgo de ocho cuerpos torturados y calcinados en ese cantón, en lo que inicialmente identificó como un ajuste de cuentas entre bandas criminales.
La disposición restringe la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, así como el derecho a la libre asociación y reunión.
Esta es la tercera ocasión en que Noboa decreta un estado de excepción focalizado, aunque el 14 de junio, la última ocasión en que emitió un decreto similar, la Corte Constitucional lo anuló, aduciendo principalmente la falta de una adecuada argumentación de la existencia de un conflicto armado interno.
