El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)se encuentra envuelto en un grave escándalo ante una demanda presentada donde lo señalan por, presuntamente, haber retenido durante años depósitos correspondientes a fianzas de inmigrantes, las cuales en conjunto equivaldrían a $300 millones de dólares
Motley Rice LLC, una de las firmas de abogados que formuló la demanda en la Corte Federal del Distrito del Este de Nueva York, señala que, durante años el ICE ha mantenido retenido el dinero correspondiente a las fianzas fijadas a miles de inmigrantes y, ante la falta de solicitudes de reembolso, recientemente transfirió cerca de $240 millones a una cuenta del Tesoro destinada a fondos no reclamados.
Cabe señalar que entre el ICE y los jueces de inmigración determinan el monto de fianza a cubrir por un inmigrante, pero generalmente esta suele rondar en $6,000 dólares, cantidad que al ser depositada les permite a las personas acusadas de haber ingresado al país sin la documentación correspondiente,obtener su libertad mientras se define su situación migratoria.
Sin embargo, el monto depositado debe devolverse de manera inmediata cuando concluye el proceso legal o más tardar seis meses después, lo cual no ha sucedido en varios casos, pues la millonaria suma de dinero que señala la demanda así lo refleja.
“La cantidad precisa y la identidad de los miembros de la demanda colectiva será determinada a través de los registros del gobierno”, indica la demanda expuesta por la agencia de noticias Associated Press.
Bajo el argumento de que no emitir comentarios sobre litigios en curso o pendientes de resolución, ningún miembro del ICE ha fijado su postura al respecto.
Hasta el momento, sólo se sabe que la demanda en curso está a nombre de Douglas Cortez quien acordó depositar $10,000 dólares para cubrir la fianza de un amigo cuyo proceso concluyó en agosto del año pasado sin que se le haya reembolsado todavía dicho dinero.
Detrás de lo que en un principio parecía una demanda aislada, los abogados a cargo de la querella legal acumulaban dos años de investigación surgida de las denuncias de otros afectados por la inexplicable determinación del ICE.
