Debería estar pensando en la salud de mi bebé, en si estará creciendo bien, y, sin embargo, aquí nos tienes a mi marido y a mí, preocupados de si tendrá o no la ciudadanía cuando nazca”.
No es la angustia más común de una embarazada de cuatro meses. Tampoco lo era para Meny* hasta la semana pasada.
Pero desde que el 20 de enero, el primer día de su presidencia, Donald Trump firmara una orden ejecutiva con el objetivo de que no todos los nacidos en Estados Unidos sean considerados ciudadanos estadounidenses —algo consagrado en la Constitución desde hace 160 años— no puede pensar en otra cosa.
“Mi hijo ni siquiera vino al mundo y ya le están violando derechos”, le dice a BBC Mundo esta hondureña solicitante de asilo que lleva en California desde 2021.
“Y eso se suma a la incertidumbre que ya tenemos los migrantes, millones de nosotros, que no sabemos cómo se van a resolver nuestros casos”, se lamenta nada más dejar a su otro hijo, Maximiliano, de 8 años, en el autobús escolar.
“Hay mucho miedo de lo que pueda pasar”.
160 años en la Constitución
Trump llevaba tiempo advirtiendo que, de llegar a la Casa Blanca, tendría la ciudadanía por nacimiento en el punto de mira como parte de sus esfuerzos para restringir la migración.
Así que a muy pocos agarró por sorpresa que el 20 de enero estampara su firma en una decisión presidencial titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
En ella, se ordena a las agencias federales no emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense de los niños nacidos de madres que estén en el país “de forma ilegal” o con un estatus legal temporal, como visas de trabajo o de estudiante, a menos que el padre sea ciudadano o tenga un permiso de residencia permanente (green card).
Se trata de un intento de reinterpretar la 14ª enmienda de la Constitución, que fundamentalmente establece que todo aquel que haya nacido o se haya naturalizado en el país es ciudadano estadounidense.
La enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil, en 1868, ya abolida la esclavitud, para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados que habían nacido en EE.UU. Se anulaba con ello una sentencia anterior de la Corte Suprema que establecía que los afroestadounidenses nunca podrían ser ciudadanos.
Sin embargo, partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan hoy que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
Y defienden que existe base legal para restringirla, argumentando que los hijos de migrantes indocumentados nacidos en el país no están sujetos a la jurisdicción de EE.UU., y por lo tanto, no les corresponde la ciudadanía automática. Así lo afirma también la orden ejecutiva.
De acuerdo a Pew Research, en 2016 nacieron en EE.UU. 250,000 bebés de inmigrantes no autorizados para residir en el país, un 36% más que la anterior cifra récord registrada en 2007.
Para 2022, los datos más recientes disponibles, había 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses hijos de padres inmigrantes sin residencia legal.
Pero como esos niños al crecer también tienen hijos, el efecto acumulativo de restringir la ciudadanía por nacimiento elevaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones para 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
Mientras, la mayoría de los juristas coinciden en que Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
Eso solo podría hacerse por medio de otra enmienda constitucional —convienen los expertos–, lo que requeriría de dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso) y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
Ante ello, la avalancha de impugnaciones judiciales no tardó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos, así como 22 estados presentaron inmediatamente demandasante los tribunales contra el gobierno de Trump por la orden ejecutiva, con la intención de bloquearla.
Y tres días después un juez federal de Seattle suspendió temporalmente su aplicación —que debía iniciar 30 días después del 20 de enero—, al calificarla de “descaradamente inconstitucional”, una decisión que Trump ya adelantó que iba a apelar.
Muchas interrogantes
La idea de que el tema se esté peleando en los tribunales reconforta en cierta medida a Meny, cuyo caso está incluido en una de las acciones legales.
“Nos da esperanza, porque el ser humano sobrevive de eso, de la esperanza de poder tener un futuro mejor, poder estar bien, de que su familia esté bien, de tener seguridad. Me siento con la fe de que esto que el presidente está ahora haciendo no lo va a lograr”, dice.
La demanda fue presentada el martes pasado por la organización a la que pertenece, Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP, por sus siglas en inglés) y que tiene como miembros a más de 650.000 solicitantes de asilo, y CASA, otra entidad basada en membresías y con representación en 46 de los 50 estados de EE.UU.
Y también incluye a cinco demandantes individuales, todas ellas embarazadas, residentes en EE.UU. y que temen que, mediante la decisión presidencial y debido a su estatus migratorio o el de sus parejas, a sus hijos se les despoje de la ciudadanía estadounidense.
“Queremos que la orden ejecutiva sea declarada como lo que es, inconstitucional e ilegal”, le reitera a BBC Mundo Leidy Pérez, abogada y directora de políticas y de comunicación de ASAP.
Tienen audiencia el 5 de febrero en un tribunal de distrito de Maryland, donde los abogados pedirán a la jueza que emita una resolución parando “indefinidamente y no por 14 días” una directriz que es —según Pérez— poco clara y que deja muchas interrogantes en el aire.
Si se priva de la ciudadanía a un bebé nacido en EE.UU. de padres inmigrantes, ¿cuál será su nacionalidad? ¿Y su estatus legal? ¿Tendría que solicitar un permiso de residencia temporal? ¿O iniciar un procedimiento de asilo? ¿Sería sujeto de deportación?
“Son precisamente las preguntas que le estamos haciendo al tribunal, para que fuerce al gobierno a que nos diga qué va a pasar por ejemplo con los niños a los que se les niegue la ciudadanía y sus padres sean solicitantes de asilo”, ejemplifica Pérez.
“Porque mientras estén en ese procedimiento no pueden salir de EE.UU., además de que muchos dejaron su país por estar allí perseguidos”.
Estrés y ansiedad
Es el caso de Meny y su familia.
Salió de Honduras con su marido y su hijo Maximiliano en 2019, cuando este apenas tenía 2 años, y se asentaron en territorio mexicano, poniendo en marcha un pequeño negocio en el estado de México.
“Pero fuimos víctimas de la discriminación, nos amenazaron, a mi esposo y a mi cuñado los golpearon”, cuenta. Se mudaron a otro estado, y en vista de que el abuso seguía, decidieron volver a migrar.
En marzo de 2021 cruzaron la frontera hacia EE.UU.
Y hoy por hoy están a la espera de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) los cite para una entrevista por su solicitud de asilo afirmativo, un procedimiento por medio del cual se pide protección “contra la persecución o el temor fundado de persecución” en el país de origen.
La cita puede tardar años en llegar, aclara la abogada Pérez.
