El gobierno de México presentó el jueves dos reformas a su Constitución para evitar posibles “intervenciones” de Estados Unidos en territorio mexicano, después de que Washington designara oficialmente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, en sintonía con su promesa de eliminar a estos grupos criminales.
En su conferencia de prensa habitual matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que EEUU puede ponerle “el nombre que ellos decidan” a estas organizaciones de la delincuencia organizada, pero dijo que no permitirá que se viole la “soberanía del país”.
La propuesta planteada por Sheinbaum contempla modificaciones a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, con los cuales dijo se busca “dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”.
El gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump formalizó la designación de grupos criminales como Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta calificación entró en vigor este jueves según un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Washington detalló que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la nación norteamericana.
Sheinbaum dijo que Estados Unidos no consultó a México sobre esta decisión, a la que México se ha opuesto durante mucho tiempo, bajo el argumento de que los cárteles no están motivados por fines políticos como otros en la lista de organizaciones terroristas, sino por el lucro.
Según analistas, la designación podría complicar los negocios internacionales en México, incluidas las operaciones de las empresas estadounidenses. También podría cambiar el panorama legal para las solicitudes de asilo en EEUU, lo que podría perjudicar a los migrantes que se ven obligados a pagar extorsiones o rescates a los cárteles, ya que podrían ser acusados de apoyar a una organización terrorista.
