En una muestra de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México,la Fiscalía General de la República (FGR) de México llevó a cabo un importante operativo de para desmantelar una organización transnacional de tráfico de inmigrantes que operaba en Juárez, Chihuahua, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, este grupo utilizaba corredores de contrabando -rutas ilegales para trasladar personas evitando las leyes migratorias, en la zona de Anapra, Chihuahua y Santa Teresa, Nuevo México y empleaba a ciudadanos mexicanos, de los cuales muchos son o han sido miembros de diversos cárteles.
Esta organización es presuntamente responsable del tráfico ilegal de un gran número de personas, entre los que se incluirían niños, desde Centroamérica a El Paso, Texas, anotó el gobierno.
“El grupo delictivo también habría secuestrado a extranjeros que pretendían entrar ilegalmente en Estados Unidos, así como extorsionado a sus familias para obtener dinero antes de completar su viaje”, agregó.
El operativo incluyó la ejecución de dos órdenes de arresto en México contra los presuntos contrabandistas de inmigrantes Brian Alan Torres González y Soledad Morales Nava, quienes serán procesados en México en parte con evidencia proporcionada por los Estados Unidos.
“En su primer día en el cargo, la Fiscal General ordenó al Departamento de Justicia que priorizará los esfuerzos para lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y autorizó a la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) a aumentar sus contribuciones a esta lucha”, dijo la Oficial Supervisora Antoinette T. Bacon de la División Penal del Departamento de Justicia.
Por lo tanto, esta acción fue coordinada por la JTFA, una división del gobierno que actúa contra los grupos de tráfico y trata de seres humanos más prolíficos y peligrosos que operan en México y en otros países latinos y que ha detenido ya a más de 350 facilitadores del tráfico de personas.
Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) de El Paso colaboró también con la investigación, trabajando con la Patrulla Fronteriza estadounidense, destacó el departamento.
En ese mismo sentido, se mencionó que las autoridades estadounidenses brindaron asistencia a la Procuraduría General de la República de México a través de la coordinación en el marco del JTFA, que, desde su creación en 2021, ha reunido los recursos de investigación y procesamiento del Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley de Estados Unidos contra los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Panamá.
Según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) estima que, en dos de las principales rutas de tráfico de migrantes, de África hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se generan alrededor de 6,750 millones de dólares anuales para los delincuentes que operan en esas regiones.
De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población de México los migrantes pueden pagar entre 5,000 y 9,600 dólares por su travesía en ese país y otros 2,200 dólares para el cruce de la frontera acompañados de un guía, sin embargo, ante las políticas y vigilancia en la era de Donald Trump, se estima que la tarifa se haya incrementado.
