Al principio, el colegio de abogados especializados en inmigración empezó a recibir consultas de un par de estudiantes al día. Se trataba de extranjeros que estudiaban en Estados Unidos y habían descubierto a principios de abril que su estatus legal había sido revocado sin previo aviso. A su conocimiento, ninguno de los estudiantes había cometido un delito que los hiciera sujeto de deportación.
En los últimos días las llamadas han empezado a desbordarse. Cientos de estudiantes han llamado para decir que han perdido su estatus legal y buscan asesoría sobre qué deben hacer ahora.
“Pensamos que iba a ser algo inusual”, dijo Matthew Maiona, un abogado especializado en inmigración con sede en Boston que está recibiendo alrededor de seis llamadas al día de estudiantes internacionales en pánico. “Pero ahora parece que las cosas están subiendo de tono”.
La velocidad y el alcance de las medidas del gobierno federal para revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales han tomado por sorpresa a las universidades de todo el país. Pocos rincones de la enseñanza superior han quedado indemnes, ya que desde prestigiosas universidades privadas hasta grandes instituciones públicas de investigación, pasando por minúsculas facultades de artes liberales, van constatando los ceses de estatus uno tras otro entre sus estudiantes.
