El presidente Donald Turmp firmó una nueva orden ejecutiva que busca penalizar a las ciudades que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. La medida, anunciada en la Casa Blanca, establece que las jurisdicciones que se declaren “santuario” y no colaboren con los agentes de ICE podrían enfrentar recortes en fondos federales destinados a programas de seguridad pública y otras áreas.
Para ello, la orden ejecutiva instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las localidades conocidas como “ciudades santuario” que “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”.
Una vez el Gobierno identifique estas jurisdicciones, el presidente instruyó a estos dos departamentos a tomar las acciones legales “necesarias” en su contra, entre ellas, congelar los fondos federales que las ciudades “santuario” reciban.
En el decreto, firmado esta tarde en la Oficina Oval, el presidente acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una “insurrección ilegal”.
Las medidas de los gobiernos “santuario” han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.
Por ello, la medida ha causado reacciones encontradas. Defensores de los derechos civiles argumentan que la orden viola principios constitucionales y fomenta la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
Por otro lado, funcionarios de la administración de Trump, defienden la acción como una forma de garantizar el cumplimiento de las leyes federales y proteger a las comunidades de individuos peligrosos.
Junto con el decreto en contra de las ciudades “santuario”, Trump firmó otra orden ejecutivas para recrudecer su política antiinmigrante.
La segunda va enfocada a las fuerzas del orden público, y pide al Gobierno a dar apoyo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta, relajar las restricciones que existan a sus acciones, al igual que dotarlos de equipos y armamento militar.
