Los republicanos en el Congreso buscan imponer un impuesto del 5% a las remesas de indocumentados y otros inmigrantes, algo que solamente ocurre en un estado, Oklahoma, que implementó, en 2009, una tarifa especial para los envíos de dinero o remesas al extranjero.
Se trata de una tarifa de $5 dólares a montos menores a $500 dólares, pero si supera esa cantidad, entonces la tarifa será de 1%. Es decir, si una persona envía $600 dólares, paga $6 dólares por la transacción y así sucesivamente.
Otros estados, como Georgia e Iowa intentaron leyes similares, pero fueron rechazadas.
La autonomía de los estados les permite recaudar sus propios impuestos, por ejemplo, en el estado de Nueva York se pagan impuestos estatales, además de un impuesto para quienes viven en la ciudad de Nueva York.
La decisión de Oklahoma de imponer dos tarifas era para desalentar el lavado de dinero, ya que si se envían, por ejemplo, $10,000 dólares, la transacción costaría $100 dólares.
Organizaciones conservadores sobre inmigración, como el Center for Immigration Studies (CIS), consideran que la imposición de impuestos a las remesas puede beneficiar a la lucha contra el narcotráfico, pero también contra los inmigrantes indocumentados.
El impuesto de Oklahoma no está enfocado a los indocumentados, pero los afecta desproporcionadamente, ya que según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP, en inglés), al menos el 15% de los ingresos de los indocumentados son enviados como remesas, aunque hay reportes citados por esa misma organización que el monto puede ser de hasta el 37.7% de los ingresos.
El CIS indica que los estados que tienen cobran impuestos sobre la renta y legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano podrían imponer impuestos a remesas, como Texas o Florida.
El argumento de la organización, expuesto en un artículo en 2024, reconoce que la justificación en los impuestos sería “examinar los casos actuales a nivel de la acusación formal y del acuerdo de culpabilidad, y buscar, mediante el descubrimiento y la negociación, obtener la información necesaria sobre el impuesto estatal sobre la renta y las transferencias electrónicas”.
Es decir, el argumento se mantendría por asuntos de narcotráfico, pero su impacto sería a los inmigrantes que envían dinero a sus familias.
Hay argumentos de que está prohibido imponer doble impuesto en Estados Unidos, algo que la Constitución no señala expresamente.
La Corte Suprema ha abordado el tema, sobre todo cuando se aborda el impuesto en estados, pero se enfoca en el comercio interestatal.
También se consideraría una violación si el estado intenta imponer un impuesto sin tener la autoridad para ello.
La propuesta del impuesto del 5% a las remesas se aprobó en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y será discutida en el proceso de Reconciliación, pero hay otro plan que incluso sugiere un impuesto del 37% a los envíos de dinero al extranjero.
En ambos planes, los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del impuesto, es decir, solamente indocumentados, extranjeros con visa de trabajo y gente con Green Card, entre otros, serían obligados a pagar el impuesto.
