El gobierno del presidente Donald Trump ha seguido liberando a personas acusadas de estar en Estados Unidos ilegalmente hacia albergues no gubernamentales a lo largo de la frontera con México, después de advertirles a esas organizaciones que proporcionar a los migrantes alojamiento temporal y otra ayuda podría infringir una ley utilizada para procesar a traficantes.
Los refugios fronterizos, que desde hace tiempo han proporcionado alojamiento, comidas y transporte a la estación de autobuses o aeropuerto más cercano, se vieron sacudidos por una carta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en la que planteó “preocupaciones significativas” sobre una posible actividad ilegal y exigió información detallada en una amplia investigación. La FEMA planteó que los refugios podrían haber cometido delitos graves al traer personas ilegalmente a través de la frontera o transportarlas dentro de Estados Unidos.
“Fue bastante atemorizante. No voy a mentir”, narró Rebecca Solloa, directora ejecutiva de Catholic Charities de la diócesis de Laredo.
