Nos vamos a volver locos con este encierro”, expresa Celia* con desesperación desde su casa en Barrio Obrero, un sector de San Juan, la capital de Puerto Rico, que se distingue por ser uno de los epicentros de la comunidad dominicana en la isla.
La mujer llegó a esta zona hace cuatro años luego de cruzar de forma irregular el peligroso Canal de la Mona en una embarcación desde República Dominicana.
Pese a lo complicado y riesgoso de su decisión, al llegar vio que de cierta manera rindió frutos. Encontró un trabajo como mesera en un restaurante, comenzó a ganar en dólares y estableció un hogar en un vecindario en donde gran parte de los residentes conocen de cerca la experiencia de migrar.
Pero desde enero, la vida de Celia, de 33 años, ha dado un giro.
Puerto Rico, un territorio estadounidense sin poderes soberanos desde hace más de un siglo, no está exento de las duras políticas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Allí también avanzan las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que hasta el miércoles había detenido a 528 migrantes irregulares, de los que 392 tenían nacionalidad dominicana.
En donde antes era política pública entregar licencias de conducir y permitir abrir cuentas de banco a las personas que no tenían documentos de residencia, ahora se respira miedo. El gobierno local, incluso, confirmó que comparte información con las autoridades sobre los conductores que no tienen estatus migratorio legal.
Y esa realidad ha tocado de cerca a Barrio Obrero y sus locales.
”Yo salía del trabajo y me sentaba a despejar la mente en la plaza, a tomar la brisa. Ahora allí no hay casi nadie. Voy con miedo al restaurante y del restaurante a la casa. Por suerte, mi jefe me viene a buscar en su auto y me regresa en las tardes, porque si no, no me atrevería a salir”, sostiene Celia.
No solo se preocupa por sí misma, su hija, que nació en enero, le cruza el pensamiento sin parar. Luego de la primera redada en el barrio, ocurrida el 26 de ese mismo mes, cuando ICE llegó al lugar con armas y vehículos blindados, Celia decidió enviarla a su país.
Ahora vive inmersa en la incertidumbre.
Mientras, el gobierno puertorriqueño, que no respondió a una solicitud de comentario de este medio, se mantiene de brazos cruzados ante los arrestos de migrantes en la isla.
Temen, indicó a la prensa de la isla la gobernadora Jennifer González, que la administración de Trump pueda tomar represalias y cortar el flujo de dinero federal.
Y en Barrio Obrero, afirman activistas y defensores de derechos humanos, se gesta lo que podría ser una crisis humanitaria y económica.
Un golpe al comercio
Aun así, la comunidad dominicana es el grupo de extranjeros con mayor presencia en Puerto Rico, donde hay 3.2 millones de habitantes.
En general, San Juan es el destino predilecto para los dominicanos que hacen de Puerto Rico su hogar.
En lugares como Barrio Obrero, se escucha el merengue y la salsa por igual, y se come tanto mangú como mofongo, los platos típicos a base de plátano distintivos de ambas naciones.
No obstante, “ahora está muerto”, dice desde su negocio Rosario de la Cruz, una dominicana que lleva en la isla 20 años. “Si pasan de noche dos o tres carros es mucho, antes aquí nada se detenía”, añade.
Es dueña del Fogón de Chary, una fonda en la que vende comida dominicana y puertorriqueña. Antes de la implementación de las medidas de Trump, vendía de $3,000 a $4,000 dólares diarios. Además, tenía cinco empleados, e incluso mantenía las puertas abiertas hasta la madrugada.
