Providence – El Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha, anunció que se unió a otra demanda contra la administración Trump, esta vez relacionada con los recortes al acceso a la salud mental para niños en edad escolar.
Rhode Island se unió a otros 16 estados en la demanda que busca detener los recortes del Departamento de Educación a la financiación de programas de salud mental en escuelas primarias y secundarias.
Según el comunicado del Fiscal General, esos mil millones de dólares en financiación se aprobaron tras la masacre de la Escuela Uvalde y estaban destinados a traer 14.000 expertos en salud mental a las escuelas que los necesitaban.
La administración Trump envió notificaciones a finales de abril indicando que esas subvenciones entraban en conflicto con las prioridades de la administración y recortaban la financiación. La demanda de los fiscales generales, presentada el lunes, afirma que el recorte de financiación viola la Ley de Procedimiento Administrativo y solicita una orden judicial. Mientras tanto, el Fiscal General Neronha obtuvo una orden judicial que detiene el desmantelamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En un comunicado, el Fiscal General Neronha dijo que la orden judicial “garantiza que los programas y servicios esenciales del HHS, incluidas las pruebas de detección de cáncer, el tratamiento de la salud mental y las adicciones, y la educación de la primera infancia, seguirán estando disponibles para el pueblo estadounidense a medida que avanza el caso”.
