El 11 de junio, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, del Departamento de Justicia (DOJ) pidió a la División Civil enfocarse en revocar la naturalización o la ciudadanía a ciertos inmigrantes, destacando aquellos con historial criminal o que hayan cometido fraude para convertirse en estadounidenses.
“La División Civil priorizará y promoverá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”, dice el memorando.
Sin embargo, organizaciones civiles han destacado un elemento preocupante del memorando que se refiere a “otros casos”.
“[Se priorizará] cualquier otro caso remitido a la División Civil que esta determine que es suficientemente importante para perseguirlo”, indica el documento.
El documento incluye diez casos en que se podría buscar la revocación de la ciudadanía, incluidos aquellos donde apenas haya investigación de “cargos criminales” contra una persona.
“[Se integran los] casos remitidos por la Fiscalía de los Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes, si dichos cargos no encajan dentro de una de las otras prioridades”, dice el punto nueve.
Melaku reconoció que durante su primer periodo de gobierno, Trump intentó reforzar la política para revocar la ciudadanía.
“En la primera administración de Trump tenían un, pues, algún tipo de proyecto para desnaturalizar a la gente y no tenían los recursos para hacerlo y no sabían bien el proceso”, reconoció.
Agregó que ahora con la llamada “Gran y hermosa ley” (BBB, en inglés), aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por el presidente Trump, facilitará los planes sobre inmigración.
“El presidente ahora va a tener los recursos de civiles y también de inmigración para buscar gente y poner investigaciones sobre la gente a ver quién puede meter a este proceso de desnaturalización”, reconoció Melaku.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publica un informe anual sobre estadísticas de inmigración y, según su informe del 2022, se reportaron más de 1,000 casos de fraude migratorio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Eso representó un aumento del 20% con respecto al año anterior y la mayoría de los casos (75%) son por matrimonios fraudulentos, es decir, parejas ficticias cuyo objetivo es lograr la Green Card –y luego la ciudadanía—de uno de sus integrantes.
El fraude por naturalización es poco común y el DOJ ha tenido un enfoque en personas que hayan cometidos delitos de alto impacto, como tráfico sexual, de personas, crimen organizado, pero ahora se ampliará el rango de investigaciones, que también incluyen fraudes financieros, entre otros delitos.
“Este proceso ya no es proceso de inmigración, es parte de un proceso civil y la administración va a tener a llevar varias personas a un corte civil para quitarles la naturalización”, especificó Melaku.
Los nuevos criterios preocupan a NPNA, debido a la política migratoria en general de la Administración Trump.
“Para nosotros es muy preocupante porque ya sabemos que esta administración está dispuesta a criminalizar a nuestra gente y van a decir que hay mucha gente de nuestra comunidad que tienen algún récord criminal”, expuso Melaku. “Aunque no tenemos todos los detalles de ese programa, de este esfuerzo, ya sabemos toda la narrativa y también la práctica que está ocurriendo en nuestras comunidades en este momento”.
Se estima que unos 25 millones de inmigrantes están naturalizados.
