Después del fallo emitido por una corte federal que prohíbe que los agentes federales apliquen el perfil racial en sus redadas de migración y nieguen el acceso a un abogado a los inmigrantes detenidos en el sur de California, miembros de la comunidad han expresado que no les da confianza.
Algunos comentarios vertidos por inmigrantes en páginas creadas en las redes sociales para alertar sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en los barrios, llamaban a mantener la precaución, y a salir solo para lo indispensable.
“No hay confianza, todo puede suceder. ¡Alertas!”; “Siempre con cuidado, ya sabemos que son traicioneros”; “no van a respetar esa orden; no están siguiendo las leyes, anden con cuidado”; “esos no respetan nada”; “ojalá sí respeten esa oden estos salvajes”, se podía leer en los comentarios vertidos por inmigrantes indocumentados.
Algunos otros advertían que el bloqueo es temporal, y que la Administración Trump sin duda que apelará la resolución.
El abogado en inmigración, Alex Gálvez expresó que este fallo es una victoria para los inmigrantes, pero pidió no olvidar que es temporal, ya que el ICE puede seguir arrestando pues tenemos una Administración que no respeta los fallos de los jueces.
Así que el litigante llamó a no bajar la guardia.
“No hay duda sin embargo de que marca un nuevo día para siete condados del sur de California, y si el ICE continúa arrestando jornaleros, trabajadores de la construcción o jardineros, solo por un perfil racial, se van a exponer a demandas civiles de dinero”.
Pero además – dijo – que el fallo de este juez abre las puertas para sacar más fácil a los detenidos por migración.
“Ojalá esto sea un ejemplo para otros estados y establezcan estas restricciones, que aunque temporales, permiten a los inmigrantes respirar un poco mejor”.
La primera orden de restricción temporal (TRO) dada por un juez federal prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse en cuatro factores, solos o en combinación: la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; la presencia en un lugar específico, como una parada de autobús, un lavado de autos o una explotación agrícola; o el trabajo que realiza la persona.
La segunda ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California, quien representa a los demandantes.
“Si bien no hace falta un juez federal para reconocer que bandas de enmascarados y armados con rifles han estado violando los derechos de la gente común en todo el sur de California, esperamos que el fallo de hoy sea un paso hacia la rendición de cuentas por la flagrante ilegalidad del gobierno federal que todos hemos presenciado”.
A principios del mes de julio, residentes, trabajadores y grupos de defensa del sur de California entablaron una demanda contra el DHS por secuestrar y desaparecer a miembros de la comunidad usando paradas y prácticas ilegales y confinar a las personas al edificio federal sin darles acceso a los abogados.
La ciudad y el condado de Los Ángeles, junto con nueve municipios y el estado de California presentaron un documento amigo (amicus brief) a favor de las órdenes de restricción.
“Nuestros seres queridos, amigos y vecinos no tuvieron el debido proceso, el acceso a un abogado, la dignidad ni el respeto mientras el ICE arrasaba con nuestra comunidad en su obsesiva búsqueda de cuotas por motivos raciales”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Nadie está por encima de la ley y la decisión de hoy reafirma que el presidente Trump y todo su aparato de control migratorio deben acatar la Constitución”.
Los demandantes están representados por la Fundación ACLU del Sur de California, Public Counsel, Law Offices of Stacy Tolchin, Clínica de Solidaridad para la Justicia Racial e Inmigrante de la Facultad de Derecho de UC Irvine, National Day Laborer Organizing Network, Fundaciones ACLU del Norte de California y los Condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law, Inc., Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Immigrant Defenders Law Center.
“Nuestros vecinos no deberían tener miedo de simplemente estar en espacios públicos, ir a trabajar, tomar el autobús o dejar a sus hijos en la escuela. Con este fallo, los agentes federales están sujetos a la ley, no a la discriminación racial ni a agendas políticas”, dijo Armando Gudiño, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles.
“El mensaje es claro: ser latino no es suficiente para detener a alguien. Nuestras comunidades pueden empezar a respirar de nuevo”.
La orden judicial emitida el viernes por la tarde, bloquea inmediatamente a los agentes federales para que no realicen estas redadas ilegalmente hasta que el tribunal considere una orden judicial preliminar.
La fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto dijo que a la espera de un fallo sobre una orden judicial preliminar, la decisión es una victoria para los residentes, quienes han sido víctimas del caos y el temor que el gobierno federal ha infligido a nuestras comunidades con estas redadas y detenciones inconstitucionales.
En tanto, Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) dijo que nadie debería ser objeto de discriminación ni aterrorizado por ser de piel oscura y trabajar duro.
“Nos complace que el tribunal haya reconocido lo que está en juego: el derecho fundamental a vivir y trabajar sin miedo. Seguiremos luchando hasta que ese derecho esté plenamente protegido para todos los trabajadores agrícolas”.
