Estefany Méndez, una soñadora beneficiaria del programa DACA, dijo que desde marzo cuando le negaron un permiso para viajar fuera del país (Advance Parole) para ir a México por razones de trabajo, tuvo la corazonada de que ellos seguían en la lista del presidente Trump en su campaña masiva de deportación de inmigrantes.
“He ido más de cinco veces a México con un permiso Advance Parole, y nunca me habían pedido tanta información. A pesar de que les di varias pruebas, me lo negaron, pero no me sorprende”, dice Estefany, quien trabaja como productora de noticias para un canal de televisión en inglés.
Esta semana, en un comunicado dirigido a la cadena de radio pública, NPR, Tricia McLaughlin la secretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que los inmigrantes indocumentados, beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están protegidos automáticamente de la deportación.
“DACA no le confiere ninguna forma de estatus legal en este país, y pueden ser sujetos de arresto y deportación por una variedad de razones, incluyendo si cometen un crimen”.
McLaughlin urgió a los dreamers a autodeportarse.
Estefany dijo que no ve como una opción regresar a México a ejercer el periodismo, después de que su propio padre casi pierde la vida.
“Quiero a mi país, pero no lo conozco. No me siento ni de aquí ni de allá. Así que estoy preocupada de lo que va a pasar conmigo”.
El programa DACA fue creado en 2012 para proteger de la deportación y dar un permiso de trabajo a renovar cada dos años a los niños que llegaron sin documentos con sus padres antes de 2007, pero no ofrece ningún camino para obtener la residencia y la ciudadanía estadounidense.
En su primer periodo de gobierno, Trump puso fin al DACA en 2017, pero su decisión fue bloqueada por la Corte Suprema en el 2020. Sin embargo, los desafíos legales han continuado y su futuro es incierto.
En la actualidad hay alrededor de 525,000 beneficiarios del programa DACA en el país.
“La corte del Quinto circuito dictaminó recientemente que la protección a la deportación que ofrece DACA es legal y que el juez Hanen no interpretó la ley correctamente así como DHS la malinterpreta ahora. La manera equivocada de ver la ley no hace que la ley sufra cambios en este momento”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Urgimos a las personas con DACA que consulten a un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión. Y le hacemos un llamado al Congreso para que apruebe soluciones permanentes con camino a la ciudadanía antes de que el programa DACA sea degradado aún más”.
El senador Alex Padilla Padilla criticó la presión de la Administración Trump para que los beneficiarios de DACA se autodeporten.
“El objetivo de DACA es protegerlos de la deportación. ¡Por Dios! forman parte de nuestras comunidades, y son jóvenes adultos que ahora se han convertido en abogados, médicos, maestros, y que aman más todo lo que representa este país que cualquiera que los amenace en el Departamento de Seguridad Nacional de Trump”.
Destacó la historia de Javier Díaz Santana, un beneficiario sordo de DACA de 32 años, quien fue arrestado en un lavado de autos de Los Ángeles, donde trabajó seis días a la semana durante los últimos cinco años.
“Agentes de inmigración enmascarados y armados allanaron el lavado de autos en Temple City, le confiscaron su identificación y lo esposaron, impidiéndole comunicarse. A pesar de no tener antecedentes penales y vivir en Estados Unidos desde los cinco años, Javier fue llevado a El Paso, Texas”.
María López, una madre de familia de 43 años, quien junto con su esposo tienen un negocio en el área de Victorville, California, y es beneficiaria de DACA desde 2012, reconoció tener miedo porque no está segura de lo que va a pasar.
“Hemos hecho todo de manera correcta. El programa DACA nos dio una oportunidad legal de estar aquí por medio de un permiso que pagamos cada dos años. Trabajamos, pagamos impuestos, y ahora vienen y nos dice que no importamos, que nos vayamos. No tiene sentido”.
María, llegó a Estados Unidos de Oaxaca, México siendo una niña, y ahora ella es madre de una menor de dos años nacida en este país.
“La incertidumbre en la que vivimos, nos detiene de invertir más en el negocio. No sabemos si el día de mañana, vamos a perder todo por lo que hemos trabajado”.
“Animamos a cada persona que está aquí ilegalmente a tomar ventaja de esta oferta y reservarse el derecho de regresar a Estados Unidos de manera legal”.
Estefany quien vino de México a los 13 años, dijo que no estuvo en sus manos la decisión de venir a este país cuando era una menor.
“Mi mamá la tomó debido a la represión política que se vivía en México en los años 80, y de la cual mi papá fue víctima como periodista”.
Dijo que todos en su familia han tenido la oportunidad de regularizar su situación y hacerse ciudadanos, pero a ella es a quien más le ha costado trabajo.
“Soy la única en mi familia que depende de DACA. Mis padres hicieron una petición de residencia para mí, y llevo diez años esperando”, dijo.
Tras escuchar las declaraciones de la secretaria del DHS, Kristi Noem y ahora la de su vocera, y lo que han hecho con otros inmigrantes que estaban amparados con el TPS, confió que ahora más que nunca el temor está presente.
“Como productora de televisión es aún más difícil porque estoy lidiando con mi situación migratoria, y al mismo tiempo reportando en las noticias todo lo que está pasando con la comunidad migrante. Somos seres humanos y tenemos miedo de que se acabe el programa”, reconoció.
“Lo mejor que podemos hacer es informarnos y prepararnos porque la Administración Trump tiene un equipo más determinado a acabar con DACA”.
