Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este martes que presentaron una denuncia formal por el “secuestro” de 17 militares ocurrido el pasado domingo, en el marco del paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en protesta por el alza del diésel, entre otros reclamos.
“Tras los lamentables hechos de secuestro de personal militar ocurridos en el contexto del Paro Nacional, se ha procedido a la presentación inmediata y formal de la denuncia ante las autoridades judiciales competentes”, señalaron las Fuerzas Armadas.
La denuncia formal escrita ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó el pasado 28 de septiembre de 2025 por el tipo de infracción de “secuestro”, informó en sus redes sociales.
Ese día también resultaron heridos doce militares, según el Gobierno.
Las Fuerzas Armadas añadieron que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) asumieron el caso y emitió a la Delegación a la Policía Nacional del Ecuador – UNASE (Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión) para ejecutar las diligencias investigativas.
“Las Fuerzas Armadas condenan enérgicamente estos actos criminales que atentan contra la integridad de nuestros soldados”, anotaron.
El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, afirmó el lunes que desconocía la retención de militares denunciada por el Gobierno. “Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”, indicó.
Vargas señaló también que “hay mucha gente infiltrada” del “mismo Gobierno” en las protestas, mientras el Gobierno denunció “actos terroristas” en el marco de las manifestaciones, que también atribuye a “infiltrados”.
El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por el presidente, Daniel Noboa, el 12 de septiembre, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 masivas protestas que obligaron a los presidentes Lenín Moreno (2017–2021) y Guillermo Lasso (2021–2023) a dar marcha atrás en sus intentos de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles, medida con la que buscaban cumplir las metas de ajuste fiscal impuestas por los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
