María L. y Nancy M. son dos de las inmigrantes indocumentadas a quienes la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les ha impuesto multas que alcanzan los $1.8 millones de dólares por no irse voluntariamente del país.
Ahora, ellas lideran una demanda colectiva que integra, hasta ahora, a más de 21,500 personas que han recibido estas multas desde enero de 2025, las cuales sumam en total $6 mil millones de dólares.
Charles Moore, abogado principal de Public Justice señaló que este caso es un ejemplo de las estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para utilizar leyes “para intimidar y hostigar a las comunidades inmigrantes”.
“Si el gobierno va a imponer estas multas, algo que ningún otro presidente ha hecho jamás, al menos tiene que acatar la ley y respetar la Constitución. Eso no está sucediendo, y por eso presentamos esta demanda”, expuso Moore.
La acusación presentada ante la Corte de Distrito de Massachusetts, con sede en Boston, expone que los demandados, incluidas la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Departamento de Justicia, imponen sanciones civiles sin determinar, si las multas son apropiadas en cada caso particular, por lo que se estarían violando la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“Estas multas están diseñadas para aterrorizar a las familias”, declaró Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de The Legal Aid Society. “Las personas a las que representamos están haciendo exactamente lo que exige la ley: buscar protección legal a través de los tribunales y agencias de inmigración. En respuesta, el gobierno amenaza con confiscarles sus salarios, sus autos e incluso sus casas”.
Además de las organizaciones mencionadas, también presentan la demanda el Centro para la Educación y los Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York, Free Migration Project y Covington & Burling LLP en nombre las dos inmigrantes que lideran el esfuerzo colectivo y en nombre del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
“Seamos claros sobre el propósito de estas multas: se trata de castigar a personas y familias que ejercen su derecho humano y legal a buscar protección contra el maltrato en este país”, afirmó Javier Hidalgo, director jurídico de RAICES. “Esta administración está buscando por todos los medios deshumanizar, criminalizar y perjudicar a quienes considera inferiores, para coaccionarlos a renunciar a las protecciones legales que les otorga nuestra Constitución”.
Mayor presión contra indocumentados
Parte de la nueva estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra indocumentados es pedirles que se vayan del país por voluntad propia, a través de la aplicación CBP Home, de lo contrario recibirán multas de hasta $998 dólares diarios.
“Nos enorgullece luchar junto a los inmigrantes que han recibido estas multas para poner fin a esta política sin precedentes y garantizar que todas las comunidades puedan vivir sin temor a la intimidación”, declaró Ximena Valdarrago, estudiante de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Las multas se han impuesto a personas que solicitan legalmente alivio migratorio, como el ajuste de estatus o petición de Green Card; también son afectados aquellos que cumplen con las órdenes de supervisión del ICE o que no pueden regresar a su país de origen de manera segura.
Las demandantes individuales —Maria L. de Massachusetts y Nancy M. de Florida— se enfrentan a sanciones exorbitantes a pesar de haber cumplido con la ley, mantenido contacto con las autoridades de inmigración y buscado activamente una solución formal que les permita permanecer en Estados Unidos.
Además de Noem, la demanda es contra ICE y por las sanciones civiles “sin precedentes” a los inmigrantes que permanecen en Estados Unidos, mientras buscan formas legales de estancia.
“Este abusivo sistema de cobro forma parte del proyecto racista de la administración Trump para la limpieza étnica de este país”, declaró David Bennion, director ejecutivo del Proyecto de Migración Libre. “Los trabajadores, que ya viven bajo la amenaza diaria del ICE, están recibiendo facturas por millones de dólares con el fin de expulsarlos del país. Esto debe parar”.
El objetivo de la demanda es anular la norma que autoriza la emisión de multas civiles de miles de dólares, declarar las sanciones ilegales e inconstitucionales y prohibir permanentemente al gobierno la imposición o cobro de este tipo de castigo financiero.
Otra presunta violación es a la Cláusula de Multas Excesivas de la Octava Enmienda, porque las sanciones que alcanzan casi los $2 millones de dólares son “desproporcionadas y ruinosas económicamente”.
La demanda colectiva integra a afectados de varias partes de EE.UU., pero las demandantes que lideran son María L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida.
