Varios inmigrantes y organizaciones civiles desafían en una corte la orden del presidente Donald Trump de terminar con el programa de Reunificación Familiar (FRP, en inglés), decisión que llevaría a miles de personas a perder sus protecciones migratorias, incluida la posibilidad de obtener una Green Card.
“Los demandantes han solicitado al tribunal que bloquee la Notificación del Registro Federal de la administración Trump que revoca el estatus legal de los beneficiarios del FRP y que les permita incorporar esta iniciativa a su demanda actual para proteger el permiso”, indicaron el Centro de Acción por la Justicia y Human Rights First.
Esta nueva acción ante la Corte de Distrito de Massachusetts es una ampliación a la demanda colectiva Svitlana Doe v. Noem, la cual fue presentada en nombre de los beneficiarios del permiso humanitario, sus patrocinadores y la Alianza del Puente Haitiano.
Alejandro Doe, Armando Doe, Ana Doe, Carlos Doe, Miguel Doe, Andrea Doe, Lucia Doe, Daniel Doe y Omar Doe, son algunos de los integrantes en la demanda que advierten daños a sus familias con el fin del programa de reunificación.
“Nuestros demandantes y miembros de la demanda colectiva, todos ellos familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, dejaron sus trabajos y vendieron propiedades preparándose para lo que pretendían ser el comienzo de una nueva etapa en Estados Unidos”, declaró Esther Sung, directora legal del Justice Action Center y abogada del caso. “Las acciones de la administración Trump no solo son insensibles y crueles, sino también desconcertantes”.
El programa de Reunificación Familiar cubre a un subgrupo de personas que están en la etapa final del proceso para obtener la Residencia Permanente Legal basada en la familia.
“Los patrocinadores de estos inmigrantes —todos ellos provenientes de uno de los siete países de América— deben ser invitados por el gobierno federal a presentar documentación adicional, pagar tarifas adicionales y superar obstáculos adicionales para que sus beneficiarios aprobados puedan ingresar a Estados Unidos”, indican las organizaciones.
Todas las personas incluidas en la demanda siguieron los pasos legales exigidos por el gobierno de Estados Unidos, bajo el entendimiento de que podrían trabajar y vivir en el país hasta que sus visas estuvieran disponibles.
“Este proceso de permiso de residencia temporal (parole) se puso a disposición solo de los futuros titulares de tarjetas de residencia permanente (green card) que serían elegibles para visas en los próximos años”, indican los expertos. “Todos los beneficiarios habían estado esperando sus tarjetas de residencia permanente durante muchos años, si no más de una década”.
El 15 de diciembre, la Administración Trump anunció el fin del FRP, cancelando el programa y retirando las protecciones migratorias y autorización de empleo –a partir del 14 de enero de 2026–, a quienes son beneficiados.
“La separación familiar no responde a ningún interés legítimo, pero las acciones de este gobierno dejan claro que algunas familias no son valoradas”, consideró Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal e iniciativas legales de Human Rights First. “Nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva han arraigado en sus comunidades en Estados Unidos, y sus comunidades se benefician de mantener unidas a estas familias. Nos enorgullece defenderlos en los tribunales”.
Las familias afectadas han expresado el temor de separación a partir de enero, indican las organizaciones que apoyan en la demanda.
La demanda Svitlana Doe versus Noem es una acción colectiva interpuesta en febrero de 2025 para buscar proteger los derechos de aproximadamente 1.1 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo diversos procesos de libertad condicional, conocido como ‘parole’.
Esto luego de que en enero de 2025, la Administración Trump terminó con programas de ‘parole’ o visas humanitarias para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, aunque otros programas migratorios también son afectados.
