Un grupo de legisladores republicanos prepara una ofensiva legislativa que podría alterar de manera drástica el sistema migratorio estadounidense, luego de que la representante por Florida Anna Paulina Luna anunciara su intención de impulsar una moratoria temporal a la inmigración apenas el Congreso retome sus sesiones en enero.

La iniciativa, aún sin fecha de presentación ni detalles técnicos, buscaría frenar el ingreso de nuevos inmigrantes al país mediante la suspensión de la emisión de visas, tarjetas de residencia y otros mecanismos de admisión legal, bajo el argumento de que el sistema se encuentra colapsado y requiere una revisión integral.

Nuestro sistema de inmigración está increíblemente roto y muchas personas han abusado gravemente de él”, escribió Luna en la red social X, al sostener que una pausa en las entradas permitiría “sanear el sistema” antes de encarar una reforma más amplia, afirmó la congresista Anna Paulina Luna.

Aunque la oficina de la legisladora no respondió a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral, la propuesta se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump, que durante su segundo mandato intensificó arrestos y deportaciones a través de ICE y la Patrulla Fronteriza.

El presidente también se comprometió a reducir los flujos migratorios legales e ilegales, con un endurecimiento de los requisitos para visas, asilo y residencia permanente, además de la suspensión de programas específicos que facilitaban el ingreso de personas provenientes de regiones en conflicto.

Una ofensiva legislativa que profundiza el giro restrictivo

En noviembre pasado, el republicano por Texas Chip Roy presentó la Ley PAUSE, que plantea una suspensión indefinida de casi todas las admisiones migratorias, con excepción de visas de turismo, hasta que se aprueben reformas estructurales al sistema, ampliando el alcance de las restricciones actuales.

Roy aseguró entonces que “el problema no es solo la inmigración ilegal, sino también la legal”, y acusó a administraciones previas de permitir el ingreso de millones de personas mediante esquemas que terminaron colapsando la capacidad operativa del país, declaró el representante Chip Roy.

Bajo el actual gobierno, varios migrantes han visto revocados sus visados o retirado su estatus legal, quedando expuestos a procesos de deportación. Críticos de estas políticas describen el conjunto de medidas como un plan de deportación masiva con motivaciones políticas y electorales.