El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pusieron en marcha la Operación PARRIS (Revalidación posterior a la admisión de los refugiados y fortalecimiento de la integridad) en Minnesota, iniciativa enfocada en reexaminar miles de casos de refugiados en espera de respuesta a sus solicitudes de residencia en Estados Unidos.

El enfoque del gobierno federal es analizar a detalle cualquier antecedente sospechoso de extranjeros ligados a posibles casos de fraude y otros delitos que sirvan como excusa para poner fin a su permanencia en el país.

De esta manera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encargaría de revisar el estatus de cerca de 5,600 refugiados establecidos en Minnesota, los cuales aún no han obtenido la residencia permanente legal (green card).

Cabe señalar que la Operación PARRIS implica aplicar normas de control reforzadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949.

Basado en ello se les exige a los organismos federales identificar y aplicar mejoras en los controles de ingreso de extranjeros a Estados Unidos que permitan proteger a la nación de terroristas y amenazas a la seguridad pública.

A través de un comunicado, un portavoz del DHS advirtió que el objetivo de la Operación PARRIS es detectar a extranjeros beneficiados por presuntos fraudes en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.

“Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude. Esta operación en Minnesota demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema de inmigración de Estados Unidos es utilizado como arma por aquellos que buscan defraudar al pueblo estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses y el estado de derecho son lo primero, siempre”, señaló.

Basado en ello, se proyecta que, en las próximas semanas, miles de refugiados viviendo en Minnesota podrían ser entrevistados para verificar los méritos de sus solicitud de asilo y así determinar si deben o no ser remitidos al ICE.

En caso de que dicha agencia federal identifique que un refugiado ha cometido un fraude migratorio, de inmediato se iniciarán los trámites de su deportación.