Providence – El alcalde de Providence, Brett Smiley, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el Control de Inmigración Civil en propiedades municipales, a menos que los agentes de ICE cuenten con una orden judicial válida.
El alcalde Brett Smiley firmó la orden que prohíbe el uso de propiedades municipales, incluyendo garajes, estacionamientos o edificios, como área de preparación, lugar de procesamiento, base de operaciones o cualquier otro apoyo para las actividades de ICE.
Los líderes municipales identificarán las propiedades municipales que podrían utilizarse para estos fines y se asegurarán de que todas las áreas cuenten con señalización clara dentro de los 30 días posteriores a la firma de la orden.
La señalización indicaría que la propiedad es propiedad de la ciudad y no debe utilizarse para el control de ICE. “Si el gobierno federal tiene motivos para creer que alguien ha cometido un delito y se encuentra aquí ilegalmente, sabe qué hacer”, declaró Smiley. Acuden a los tribunales, consiguen que un juez firme una orden judicial, y el juez estaría encantado de hacerlo si esa persona cometiera un delito grave. Si nos presentan una orden judicial firmada por un juez, la cumpliremos. La cumplimos hoy, la cumplimos ayer y la cumpliremos mañana como resultado de esta orden ejecutiva; eso no ha cambiado”, dijo. Smiley afirmó que los espacios públicos son para apoyar a la comunidad, no para aterrorizarla.
Mientras los que opinan lo contrario afirmaron que estas restricciones podrían poner en peligro la financiación federal del estado. “La financiación federal no debe, no puede y no se otorgará ciegamente a ciudades que desafían la ley federal”, declaró el presidente del Partido Republicano de Narragansett, Anthony D’Ellena.
El presidente Donald Trump anunció el 1 de febrero como fecha límite para recortar la financiación federal a las ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales, y Providence está en esa lista. “Si quieren financiación federal, deben cumplir con la ley federal, es decir, con ICE, porque son agentes de la ley federal”, declaró D’Ellena. Smiley afirmó que la orden ejecutiva reafirma la postura de la ciudad de garantizar la seguridad pública de los residentes, sin interferir con la aplicación legal de las leyes migratorias civiles.
