La presidenta encargada de Venezuela anunció el viernes un proyecto de ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.
La ley de amnistía era una de las principales demandas de la oposición, respaldada por Estados Unidos. Ese pedido se acentuó particularmente después de que las fuerzas militares estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en un audaz operativo en Caracas el 3 de enero.
Durante la apertura de actividades judiciales del año 2026 y ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los líderes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral– la mandataria anunció la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”. Agregó que con celeridad encargó a sus colaboradores que en “las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional” para su discusión y aprobación.
Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país… la convivencia entre los venezolanos”, enfatizó.
“Que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela”, señaló. “Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia”, añadió.
Seguidamente, Rodríguez aclaró que la ley de amnistía excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.
