Providence – El Primer Fiscal Federal Adjunto, Charles C. Calenda, y Thomas A. Greco, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de Boston de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en colaboración con el Coronel Oscar L. Perez, Jefe del Departamento de Policía de Providence, anunciaron cargos federales contra veintinueve presuntos miembros y asociados de la organización delictiva conocida como «East Side and Allied Gangs». Otros tres acusados enfrentan cargos por delitos relacionados. Estas acusaciones son el resultado de una investigación conjunta realizada por organismos federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley.
Según los documentos judiciales, la organización delictiva «East Side and Allied Gangs» operaba en Providence, Pawtucket, Central Falls y otras localidades desde al menos el año 2013. El escrito de acusación sostiene que los miembros y asociados de la organización colaboraban para promover los intereses del grupo mediante actos de violencia, tráfico de estupefacientes, delitos relacionados con armas de fuego, esquemas de fraude y otras actividades ilícitas.
Asimismo, los documentos judiciales señalan que los miembros y asociados de la organización distribuían sustancias controladas —incluyendo fentanilo, cocaína, base de cocaína, marihuana y Percocet— y que el tráfico de estupefacientes constituía una fuente importante de ingresos para la organización.
El escrito de acusación también alega que los miembros y asociados participaron en actos violentos, tales como asesinato, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, agresión con intención de cometer asesinato, robo, conspiración para cometer robo, delitos con armas de fuego, tráfico de estupefacientes, fraude electrónico y otras conductas delictivas.
Además, se acusa a ciertos miembros y asociados de participar en esquemas de fraude relacionados con prestaciones por desempleo, programas de ayuda por el COVID-19, declaraciones de impuestos y otros delitos financieros. La acusación formal imputa a veintinueve personas el delito de conspiración para cometer actividades delictivas organizadas (bajo la ley RICO) y a otras tres personas delitos relacionados.
El caso fue investigado por la ATF, el Departamento de Policía de Providence, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los EE. UU., la División de Investigación Criminal del IRS, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y numerosos organismos colaboradores encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local, incluida la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Providence.
