Si en el último tiempo el régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, había logrado mantenerse en la periferia del radar regional de la administración de Donald Trump, más centrado en la intervención en Venezuela, la presión in crescendo sobre Cuba y el combate contra el narcoterrorismo, el anuncio del presidente nicaragüense de que «no volverá a haber elecciones» en su país podría finalmente detonar un cambio en la estrategia de la Casa Blanca.
El primero en advertirlo fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los funcionarios más influyentes del gobierno norteamericano, quien rechazó en duros términos la decisión de la pareja presidencial con la que canceló de facto las próximas elecciones en el país centroamericano, previstos para noviembre de 2027.
«La administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos», afirmó Rubio, que agregó que la medida deja al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria».
«La declaración/confesión de Ortega no es sorprendente en lo mas mínimo. Las elecciones ya habían perdido toda credibilidad, desde 2021. Esto sí elimina cualquier pretensión de legitimidad democrática ya que están reconociendo abiertamente que no permitirán la alternancia política», señaló a LA NACION María Fernanda Bozmoski, responsable para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht para América Latina, del Atlantic Council, en esta capital.
«Eso facilita que la administración Trump justifique medidas más contundentes, no solo como respuesta a violaciones de derechos humanos, sino frente a una dictadura que cerró explícitamente la vía electoral», añadió la especialista, quien remarcó que el anuncio de Ortega se produjo después de que la Casa Blanca comenzara a enfocarse con mayor precisión en la arquitectura financiera del régimen.
Ortega dice que «no volverá a haber elecciones» en Nicaragua
El 16 de abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro había sancionado a cinco personas -entre ellos dos de los hijos de Ortega y Murillo– y siete empresas que operan en el sector del oro de la economía nicaragüense y que «ayudan a la dictadura a generar dinero y mantener el control político» del país.
«La declaración de Ortega [sobre las elecciones] podría acelerar el paso de sanciones individuales a una presión económica más amplia«, dijo Bozmoski. En el menú de opciones está una ampliación de las sanciones contra familiares, funcionarios, empresas exportadoras, bancos y operadores logísticos que sostienen al régimen.
