Providence – Se han presentado más de 50 demandas contra la Diócesis Católica Romana de Providence en las tres semanas transcurridas desde que la nueva ley de Rhode Island reabrió temporalmente el plazo para que las víctimas de abuso sexual infantil presenten demandas civiles.
Las demandas surgen después de que el gobernador Dan McKee firmara una ley que establece un plazo de dos años para que las víctimas cuyas demandas habían prescrito según el estatuto de limitaciones del estado puedan volver a presentarlas. La ley entró en vigor el 1 de julio y permite que las demandas que datan de hace hasta 35 años avancen hasta el 30 de junio de 2028.
El aumento de litigios también se produce tras el informe de marzo del fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, que documenta décadas de abuso sexual por parte del clero y encubrimientos institucionales dentro de la Diócesis de Providence.
La investigación, que duró varios años y fue posible gracias a un acuerdo de 2019 con la diócesis, examinó los registros de la iglesia que datan de 1950 e identificó a 72 miembros del clero que fueron considerados «acusados de manera creíble» de abusar sexualmente de menores.
El informe no halló pruebas de abusos sexuales recientes contra menores por parte del clero, y no se presentaron nuevos cargos penales. Según el informe, el incidente de mala conducta más reciente del que se tiene conocimiento ocurrió en 2011.
Steven Kelly, abogado que representa a decenas de presuntas víctimas, declaró que su bufete está investigando unos 70 casos potenciales y ya ha presentado seis demandas, incluyendo la que se cree que es la primera demanda federal interpuesta contra la Diócesis desde que entró en vigor la nueva ley.
El informe del Fiscal General Neronha sobre la Diócesis de Providence es probablemente un excelente punto de partida», dijo Kelly. Añadió que la investigación reveló «un patrón claro» de sacerdotes que eran trasladados tras denuncias de abuso en lugar de ser apartados permanentemente del ministerio. Kelly afirmó que la nueva ley brinda a las víctimas una oportunidad que antes no existía. «Realmente abre las puertas de los tribunales a las víctimas que antes no tenían forma de buscar justicia», declaró.
La Diócesis de Providence se opuso a la legislación antes de su entrada en vigor, argumentando que fenómenos similares de avivamiento religioso en otros estados han llevado a algunas diócesis católicas a declararse en bancarrota.
