Las encuestas demuestran que la mayoría de la población estadounidense desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) está realizando su trabajo, e incluso está indignada por la ola de arrestos de inmigración llevados a cabo en el todo el país y los múltiples asesinatos cometidos por los agentes federales de inmigración.
En muchos sitios, la ciudadanía se opone a que sus funcionarios locales y estatales cooperen con las autoridades migratorias. Y muchos líderes policiales locales argumentan que, cuando la policía coopera en operaciones federales de control migratorio, se menoscaba la seguridad pública, porque se les quita recursos que deberían estar destinados a las prioridades locales y se erosiona la confianza de las comunidades en las autoridades policiales.
La administración Trump ha afirmado una y otra vez que los estados y las localidades tienen la obligación legal de cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio. También ha advertido que las leyes locales y estatales que limitan la cooperación con ICE serán aplacadas con rigor.
Pero, en general, los estados y las localidades tienen la facultad de decidir si desean o no que sus funcionarios cooperen en el control migratorio federal y cómo hacerlo. En este informe, se explican las cuestiones legales en torno a estas decisiones.
¿Las leyes federales obligan a los estados y las localidades a cooperar con ICE?
No hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE. En realidad, son las leyes estatales las que suelen regir sobre la magnitud de su cooperación.
Pero, cuando las leyes federales no indican nada en concreto, son los funcionarios locales y estatales quienes tienen la libertad de gestionar sus propias operaciones policíacas para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Ello significa que pueden decidir si desean recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas, cuánta información desean compartir con ICE, si es que quieren hacerlo, y si van a cumplir con los pedidos de ICE de mantener a las personas detenidas hasta que los agentes federales puedan trasladarlas a un centro de detención federal.
Toda jurisdicción que desee colaborar puede firmar un acuerdo mediante el cual autoriza a sus funcionarios y oficiales a llevar a cabo todo tipo de actividades de control migratorio.
¿Puede el gobierno federal obligar a los estados y las localidades a implementar políticas de cooperación en materia de inmigración?
No. En nuestro sistema federal, los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen sus propias fuentes independientes de autoridad y facultades para formular y hacer cumplir las leyes dentro de sus esferas de aplicación.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución estipula que, si existe una ley federal válida, esta predomina sobre cualquier ley estatal que la contradiga. Pero las facultades del gobierno federal son limitadas: la Décima Enmienda confirma que son los estados (y el pueblo) quienes retienen todas las facultades que la Constitución no le concede explícitamente al gobierno federal. Esta retención de facultades se ha interpretado como una prohibición que le impide al gobierno federal “apoderarse” de la formulación de políticas estatales.
Dicho de otro modo, el gobierno federal “no puede decirles a los estados qué políticas implementar con respecto a un tema en particular”, explica Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Tampoco puede obligar a las autoridades policiales locales o estatales a hacer cumplir una ley federal”.
Esto significa que, al igual que para todos, los gobiernos locales y estatales no pueden violar las leyes federales y que existen ciertas leyes federales generales que pueden aplicarse a nivel estatal y local en el contexto migratorio. Por ejemplo, las leyes federales prohíben obstruir el desarrollo de los procedimientos federales.
Hace poco, una jueza en Wisconsin fue condenada por obstrucción después de que le indicó a una persona buscada por ICE que saliera del tribunal por una salida de acceso restringido. Pero no hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE u otros agentes federales. Si la hubiera, es casi seguro que violaría la Décima Enmienda.
Hay una ley federal específicamente vinculada a las cuestiones migratorias que busca regir la formulación de las políticas locales y estatales: la Sección 1373 del Título 8 del Código de los Estados Unidos prohíbe a los estados y las localidades a promulgar leyes que les impidan a sus funcionarios compartir el estatus migratorio de una persona con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), del que depende ICE.
Pero el alcance de la Sección 1373 es muy limitado; la restricción sobre la promulgación de leyes que impidan el intercambio de un solo tipo de información no obliga a los estados o localidades a compartir información con las autoridades migratorias ni a cooperar con ellas de otras formas.
¿Cómo los tribunales se han pronunciado en las disputas sobre la cooperación local con las autoridades migratorias federales?
La Décima Enmienda, que desde siempre la han utilizado los conservadores para respaldar sus argumentos a favor de limitar el poder del gobierno federal, ha sido usada por la Corte Suprema de EE. UU. como base para revocar las leyes federales en materia del medioambiente y del control de armas de fuego. Pero la Corte Suprema aún no ha pronunciado una decisión definitiva sobre la forma en que la Décima Enmienda deba aplicarse con respecto a la cooperación local y estatal en el control migratorio federal.
Varios tribunales federales de primera instancia han dictado que la Sección 1373, la disposición legal que prohíbe promulgar leyes locales y estatales que limiten el intercambio de información con ICE con respecto al estatus migratorio de las personas, viola la Décima Enmienda. La Sección 1373 “regula a las entidades, funcionarios y oficiales de los gobiernos locales y estatales, lo cual invalida [su] constitucionalidad”, afirmó un juez federal en Pensilvania en 2018.
Si bien la constitucionalidad de la Sección 1373 no está totalmente resuelta, casi todos los tribunales federales de apelaciones están de acuerdo en un aspecto: el gobierno federal no puede exigir el cumplimiento de la Sección 1373 como condición para otorgar fondos federales. Una orden ejecutiva del presidente Trump durante su primer mandato intentó hacer justamente eso y fue anulada por cuatro de los cinco tribunales de circuito que la consideraron.
Según estos tribunales, la administración no tenía la autoridad conferida por la ley de imponer condiciones relacionadas con el control migratorio en la entrega de los subsidios en cuestión. Solo el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito interpretó que la ley de concesión de subsidios autorizaba ese condicionamiento.
Por otra parte, el gobierno federal ha presentado numerosas demandas en contra de las leyes locales y estatales que restringen la cooperación con las agencias federales de control migratorio. Estos casos siguen pendientes, pero la mayoría de los dictámenes preliminares les han dado la razón a los gobiernos locales y estatales que invocaron la Décima Enmienda para justificar sus políticas.
El mes pasado, un juez federal rechazó la demanda de la administración contra las políticas “santuario” de Minnesota y confirmó que el estado tiene el derecho de “negarse a ayudar” a ICE.
Los estados y las localidades también están presentando litigios de acción afirmativa conforme a la Décima Enmienda en contra de las medidas federales de control migratorio. Después de que agentes de ICE asesinaron a Renee Good y Alexander Pretti en Mineápolis y dejaron gravemente herido a Alberto Castañeda Mondragón, Minesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul presentaron una demanda en la que argumentaron que las redadas de inmigración de la administración fueron un intento de obligarlas a adoptar prioridades políticas federales con las que se habrían apoderado de los recursos de las fuerzas policiales locales y estatales.
Debido a la naturaleza sin precedentes de los argumentos presentados en el caso, una jueza federal se negó a bloquear temporalmente el despliegue de ICE, aunque sí recalcó que su orden no señalaba la victoria definitiva del gobierno federal en la demanda.
¿Cuánta información los estados y las localidades deben compartir con ICE?
Además de la limitada restricción de la Sección 1373, los estados y las localidades tienen una importante flexibilidad a la hora de formular sus propias políticas en torno a la cooperación de sus autoridades policiales con ICE, incluso en la recopilación y el intercambio de información. Algunas jurisdicciones, como Oregón e Illinois, han aprobado leyes que le impiden a la policía pedir o recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas.
Quienes apoyan estas leyes señalan que ayudan a fomentar la confianza de la comunidad, que resulta necesaria para propiciar la seguridad pública, y le permiten a la policía usar sus recursos para combatir los delitos violentos, en lugar de hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Los estados y las localidades también pueden decidir cuándo y si quieren compartir información con las agencias federales. Por lo general, la policía local suele compartir información básica con el gobierno federal cuando arresta a una persona, más allá de su condición de ciudadanía, aun cuando no está obligada a hacerlo por ley. Esta información está a disposición del DHS para efectos de control migratorio.
Esta práctica de intercambio de información comenzó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre a través del programa Comunidades Seguras, diseñado para priorizar la deportación de personas ya que se encuentran detenidas por la policía.
Si bien el programa ya no existe con ese nombre, la estructura básica continúa en pie: las agencias policiales estatales y locales, que no tienen bases de datos biométricos exhaustivos, envían las huellas dactilares al FBI, que las verifica en su completísimo sistema de Identificación de Próxima Generación para su identificación y la determinación de antecedentes penales.
En un proceso que no involucra a las localidades, el FBI le remite esas huellas dactilares y otros datos identificatorios al DHS. El sistema de comunicación entre el FBI y el DHS, denominado interoperabilidad, le brinda a ICE muchísima información sobre las personas inmigrantes —como fechas y lugares de nacimiento, fotografías y estatus migratorio—, incluso en las jurisdicciones llamadas santuario.
Hay otras estructuras de cooperación entre los estados y el gobierno federal, como los centros de fusión, que también le han proporcionado al DHS acceso a una enorme cantidad de datos recolectados por las autoridades policiales locales y estatales.
