Un juez mexicano exoneró a Francisco Garduño, exjefe de la agencia migratoria, del delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención en 2023 en el que murieron 40 migrantes y una treintena resultaron heridos, al considerar que se cumplieron las medidas de reparación de los daños, algo que rechazan las víctimas, quienes apelarán la decisión.
“Ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder”, denunció el miércoles en X una de las ONG que representa a los migrantes, la Fundación para la Justicia. A su juicio, la decisión del juez de cerrar la acción penal contra Garduño, que es una exoneración de facto, “confirma que en México la justicia es selectiva” y niega a las víctimas “una reparación integral” y garantías de que hechos similares no se repitan.
Miguel Zenteno, abogado de la Fundación, recordó que la decisión del juez no es definitiva porque se va a apelar y, además, hay otro recurso pendiente de resolver contra las medidas de reparación que, según las víctimas, no cumplían con lo que ameritan hechos tan graves.
El 27 de marzo de 2023 unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.
Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas. La mayoría de las víctimas fueron centroamericanos y venezolanos.
