Providence – Un recluso federal que coordinó un plan para introducir de contrabando cannabinoides sintéticos en el Centro Penitenciario Donald W. Wyatt ha sido condenado a una pena adicional de prisión federal.
Randy Diaz-Pizarro, de 34 años, fue sentenciado el pasado 7 de noviembre por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Melissa R. DuBose, a 24 meses de prisión, que deberá cumplir consecutivamente a la condena de 120 meses que ya cumple tras ser declarado culpable en el Distrito de Massachusetts.
Según los documentos judiciales, Diaz-Pizarro colaboró con varios cómplices, entre ellos otro recluso, un empleado del centro penitenciario y una persona ajena a la institución, para introducir de contrabando papel impregnado de droga en la prisión. Diaz-Pizarro dirigió y coordinó los pagos y las comunicaciones relacionadas con el plan. El contrabando estaba destinado al consumo personal y a la distribución entre los reclusos.
Durante la sentencia, el tribunal consideró los antecedentes penales de Diaz-Pizarro y el hecho de que cometió el delito mientras se encontraba bajo custodia federal por cargos no relacionados. “Los centros penitenciarios no pueden funcionar de forma segura cuando los reclusos y sus cómplices intentan convertirlos en mercados de drogas ilegales”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Charles C. Calenda. “Este tipo de conducta delictiva socava la seguridad de estas instituciones y pone en riesgo tanto al personal como a los reclusos. Una condena de prisión no es una oportunidad para continuar con la actividad delictiva, y quienes lo hacen se arriesgan a que se les prolongue la condena”.
“Randy Díaz-Pizarro es un delincuente reincidente que introdujo de contrabando papeles impregnados de drogas en un centro de detención no solo para su propio consumo, sino también para que sus compañeros de prisión los compraran. Su flagrante desprecio por la ley puso en peligro la seguridad de este centro”, afirmó Ted E. Docks, Agente Especial a Cargo de la División de Boston del FBI. “Esta sentencia debe servir de advertencia: el FBI y nuestros socios trabajan a diario para identificar y llevar ante la justicia a quienes buscan lucrarse con actividades delictivas desde la cárcel”. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Denise M. Barton, llevó el caso. La investigación estuvo a cargo del FBI y de la Unidad de Normas Profesionales del Centro de Detención Donald W. Wyatt.
