La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó el martes de que diecisiete individuos recibieron tres acusaciones separadas por tráfico de drogas a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan a Estados Unidos, y dos de ellos también fueron acusados de blanqueamiento de capitales.

“Hoy, las agencias federales desmantelaron estas organizaciones arrestando a los líderes, organizadores y viajeros que hicieron posible su red de distribución”, celebró en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Según el documento difundido por las autoridades, dos hombres y una mujer fueron acusados por conspiración para distribuir y poseer cocaína.

De acuerdo a los documentos judiciales, “a sabiendas e intencionalmente” conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otros individuos para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a través del aeropuerto más importante del archipiélago caribeño.

Los dos hombres también están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios que involucraban el producto de sus actividades de narcotráfico.

Los fiscales federales adjuntos Ryan R. McCabe y María Cristina Semanaz, de la sección de Crimen Organizado Transnacional, están a cargo del procesamiento de estos tres casos.

Del mismo modo, seis individuos fueron acusados de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a través del aeropuerto anteriormente mencionado.

Además, uno de ellos reclutó mensajeros (conocidos como “mulas”) y los envió con maletas llenas de cocaína para ser facturadas en el aeropuerto y transportadas al territorio continental de Estados Unidos, donde las sustancias controladas serían entregadas a otras personas.

Por último, la tercera acusación fue contra ocho individuos por poseer con intención de distribuir cocaína desde el aeropuerto.

Los documentos presentados en el caso alegan que los acusados formaban parte de una organización de tráfico de drogas compuesta por una red de reclutadores, coordinadores y transportistas que viajaban desde Puerto Rico a Estados Unidos a través de vuelos comerciales con cocaína.

“La Oficina del Fiscal de Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales para reunir las pruebas necesarias para llevar a los líderes y otros miembros de estas organizaciones criminales ante la justicia”, sentenció Muldrow.

Si son declarados culpables de los cargos de conspiración de narcotráfico, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua y los acusados de blanqueo de capitales se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.

Un juez federal de distrito determinará la pena tras considerar las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.

La Administración para el Control de Drogas está a cargo de las investigaciones con la ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, la Policía de Puerto Rico y sus respectivos Equipos de Investigaciones y Tácticas Aeroportuarias (AirTAT, en inglés).

La Policía Municipal de San Juan, la Policía Municipal de Carolina y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico también colaboraron durante las investigaciones y arrestos.