El gobierno de Estados Unidos defendió hoy su decisión de permitir que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comparta datos de pasajeros con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida entró en vigor como parte de un esfuerzo más amplio por intensificar la aplicación migratoria.

Las autoridades señalaron que la TSA proporcionará información con nombre de todos los viajeros que aborden vuelos dentro y fuera del país, con el propósito de que ICE pueda cotejar esos datos con sus bases de datos de inmigración. Este intercambio incluye tanto vuelos nacionales como internacionales y afecta millones de pasajeros.

Según funcionarios federales, el objetivo central es asegurar que extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular no utilicen el sistema de transporte aéreo para evadir a las autoridades. El gobierno ha señalado que esta estrategia forma parte de un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias.

La TSA, órgano responsable de la seguridad aeroportuaria, históricamente compartía ciertos datos de pasajeros con agencias vinculadas a la seguridad nacional para identificar amenazas potenciales de terrorismo. Con la nueva política, ese intercambio se amplía para incluir la búsqueda de personas cuya presencia en el país es considerada ilegal.

Debate en torno a la medida y reacciones

Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos pro inmigrantes han expresado su preocupación por el alcance de esta práctica, advirtiendo que la medida podría generar un clima de miedo entre viajeros, incluidos ciudadanos y residentes legales. Señalan que el acceso de ICE a listas de pasajeros puede resultar en detenciones inesperadas en aeropuertos sin previo aviso.

Expertos en inmigración señalan que, aunque la TSA afirma que la intención es detectar a quienes tienen órdenes de deportación, no existe una separación clara entre pasajeros con antecedentes migratorios y aquellos que simplemente pueden tener errores en sus datos o documentación. Esto podría conducir a detenciones erróneas o demoras significativas en las terminales aéreos.

Representantes del gobierno, por su parte, insisten en que estas acciones son legales y necesarias para avanzar en el cumplimiento de la legislación migratoria vigente. Aseguran que los controles adicionales permitirán identificar indocumentados que, de otra forma, pasarían desapercibidos en el sistema de transporte.

Organizaciones defensoras de la privacidad también han levantado la voz, argumentando que el intercambio rutinario de datos entre agencias sin supervisión judicial podría violar derechos constitucionales y estándares de privacidad establecidos para los pasajeros. Algunos críticos mencionan que esta práctica podría disuadir a personas de viajar por temor a represalias o revisiones adicionales.

La agencia ICE ha confirmado que utilizará la información proporcionada para comparar nombres con sus listas internas. Fuentes no oficiales han reportado arrestos de inmigrantes en aeropuertos que fueron identificados gracias a estos cruces de datos, aunque las cifras oficiales no han sido publicadas al momento.

Hace semanas, medios internacionales también informaron sobre medidas similares que obligan a agencias como la TSA a intensificar el intercambio de información con ICE, en un giro que marca un cambio respecto a prácticas anteriores. Bajo administraciones pasadas, el intercambio de datos estaba más limitado y principalmente orientado a seguridad antiterrorista.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la iniciativa como parte de una política más amplia para fortalecer la seguridad interna y garantizar que quienes no tienen permiso legal para residir en Estados Unidos no puedan aprovechar lagunas en el sistema de transporte para permanecer en el país.

A medida que la noticia se difunde, diversos sectores están observando de cerca el impacto que este intercambio de datos tendrá en comunidades de inmigrantes, viajeros frecuentes y en la confianza general del público en las políticas de seguridad aeroportuaria y migratoria.