El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, consideró que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Minneápolis (Minnesota) “está protegido por inmunidad absoluta” y acusó a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al operativo con su vehículo.
La muerte de Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada migratoria en Minneápolis, ha encendido un nuevo frente de confrontación política y social en Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, Vance sostuvo que el oficial “estaba cumpliendo con su deber” en el marco de una operación federal y que actuó en defensa propia. “Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta”, afirmó, al tiempo que responsabilizó directamente a la víctima por lo ocurrido.
El vicepresidente también arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien acusó de “perseguir” al agente y de intentar “hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó”. Además, criticó duramente a la prensa por lo que calificó como una cobertura “mal informada” y “tergiversada” del incidente.
Versiones encontradas y videos bajo la lupa; no era una activista, afirman
Según la versión del Gobierno federal, Good intentó atropellar a los agentes con su vehículo durante el operativo, lo que llevó al oficial a disparar. El propio presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificaron de “agitadora profesional” e incluso de presunto “terrorismo interno”.
Sin embargo, autoridades locales y análisis periodísticos han puesto en duda esa narrativa. El alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, rechazó categóricamente la tesis de la defensa propia y calificó el relato oficial como una “narrativa basura”. “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirles directamente que eso es una tontería”, declaró.
Por su parte, el esposo de la mujer asesinada señaló al portal de noticias local MPRNews, que ella no era una activista ni había participado previamente en protestas. Las declaraciones de la expareja de Good contradicen directamente la versión del Gobierno, que tildó inmediatamente el hecho de un “acto de terrorismo doméstico” y acusó a la fallecida de ser una activista de izquierda y de haber intentado atropellar a un agente de ICE con su vehículo.
En declaraciones al portal, el hombre, que pidió ocultar su identidad, aseguró que Good tenía tres hijos, el menor de seis años, y que se dedicaba principalmente a ser ama de casa en los últimos años, después de haber trabajado como asistente en una odontología y en una entidad crediticia.
A su vez, aseguró que la mujer había acabado de dejar a su hijo menor en el colegio el miércoles en la mañana y se dirigía hacia su casa cuando se encontró con los agentes de ICE que realizaban un operativo en medio de la calle.
ONU espera que se rindan cuentas
En tanto, el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró que “cualquiera que haya visto el video (de la muerte de Renee Good) se habrá preocupado”, y destacó que desde la ONU esperan que los responsables “rindan cuentas por ello”.
Organismos de derechos humanos recuerdan que esta sería la quinta muerte ocurrida durante operativos migratorios bajo la actual Administración Trump, en una ciudad a la que Trump ha enviado desde principios del pasado diciembre unos 2000 agentes federales a Minneápolis. La ciudad más poblada del estado de Minnesota ya ha sido testigo de protestas contra la violencia policial.
De hecho, en 2020 fue protagonista del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país.
En 2003, EE. UU. creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes en situación irregular, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.
Desde su creación, ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.
