Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México (SSPC), reconoció que, antes de ser puestos en libertad, algunos de los 32 inmigrantes secuestrados el 30 de diciembre en Tamaulipas tuvieron que pedir el apoyo de sus familiares para pagarle al crimen organizado su rescate.
Durante la conferencia que realiza el presidente de la nación todas las mañanas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana describió que el grupo de personas privadas de su libertad viajaban en un autobús que salió de Monterrey, Nuevo León con destino a Matamoros, Tamaulipas, y cerca de las 19:30 horas, en el municipio Río Bravo, el vehículo fue interceptado por hombres armados a bordo de cinco camionetas.
“Los delincuentes hicieron bajar a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a cinco pasajeros, dos de nacionalidad mexicana y tres venezolanos”, indicó la funcionaria.
De acuerdo con las autoridades, el rapto de los indocumentados fue denunciado por el conductor del autobús mediante una llamada telefónica minutos después de que a él se le ordenó continuar con su trayecto.
A través de las declaraciones de los inmigrantes una vez liberados, se conoce que después de obligarlos a descender del autobús donde viajaban, fueron llevados en camioneta por un camino de terracería hasta un paraje donde volvieron a introducirlos en otro autobús que los condujo hasta una bodega.
En dicho lugar fueron despojados de sus pertenencias y agrupados por familias para tomarles fotografías y con ellas comenzar a presionar por teléfono a sus familiares en distintos países solicitando pagar para devolverles con vida a sus seres queridos.
“En algunos casos, tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido”, reconoció la titular de la SSPC quien también mencionó que, desde el primer minuto de enterarse del secuestro de los inmigrantes se elaboró una estrategia para encontrarlos.
De manera conjunta, elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Defensa Nacional, Marina, y autoridades estatales, el 3 de enero, lograron encontrar vivas a 26 personas de origen venezolano y seis de Honduras; 12 son mujeres y ocho niñas; nueve son hombres y tres niños.
“Fueron liberados ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona”, concluyó Rosa Icela Rodríguez.
