El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo el miércoles que el gobierno de Daniel Ortega no ha respondido a distintas cartas enviadas para entablar un diálogo diplomático frente a la grave crisis política y para permitir el ingreso de una misión del organismo hemisférico al país.
“Procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la cancillería nicaragüense, y sus dependencias llevan adelante las gestiones de canales políticos del más alto nivel”, explicó Almagro tras rendir un informe ante el Consejo Permanente de la OEA.
Aseguró que oficiales del gobierno nicaragüense le notificaron que “no es posible” autorizar el arribo a Managua de una delegación de alto nivel de la OEA. “Se han manejado otras opciones de contacto, a los efectos de establecer una agenda positiva que incluya otros temas importantes de desarrollo democrático y derechos”.
Aseguró que pese a la renuencia de Ortega, la secretaría general seguirá insistiendo en abrir mecanismos de diálogo con las autoridades sandinistas.
El 8 de diciembre, el Consejo Permanente aprobó con 25 votos una resolución demandando al gobierno de Nicaragua la liberación urgente de todos los opositores detenidos —hay más de 170 “presos políticos” desde 2018, según la oposición— y la aceptación de la misión de alto nivel para llegar a un acuerdo, en vista de que “Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.
Almagro lamentó la falta de respuesta oficial a los pedidos de liberación de opositores encarcelados. “Tampoco ha habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de justicia, situación de presos políticos, libertad expresión y otros derechos y libertades fundamentales”, expresó con preocupación.
Nicaragua vive una grave crisis política derivada de la revuelta social de abril de 2018, donde la represión estatal a manifestantes civiles dejó al menos 355 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, de 76 años, asumió el pasado 10 de enero para un cuarto mandato presidencial consecutivo, tras haber sido reelegido junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en unos cuestionados comicios sin observadores internacionales fiables y con un alto índice de abstención. Previo a las elecciones, Ortega mandó a encarcelar a siete aspirantes opositores que pretendían disputarle el poder y que continúan en prisión hasta hoy.
