El presidente Joe Biden está cumpliendo parte de su promesa de campaña sobre facilitar los procesos legales para inmigrantes y, de hecho, ha superado al expresidente Donald Trump en acciones migratorias para reorientar trámites.
“Al tomar 535 acciones migratorias en sus primeros tres años, la Administración Biden ya ha superado las 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración emprendidas en los cuatro años del mandato del presidente Donald Trump”, indica un reporte del Migration Policy Institute. “En parte, como resultado de estos esfuerzos, la inmigración legal está regresando a los niveles previos a la pandemia y, en algunos casos, superándolos, incluidas las admisiones de refugiados”.
El reporte de este viernes destaca que las admisiones de refugiados van en camino de alcanzar los máximos de la década de 1990, pero destaca que varias de las acciones migratorias de Biden ayudan a impedir el ingreso irregular de inmigrantes.
“Se ha adoptado un nuevo proceso fronterizo que busca desalentar las llegadas irregulares; se han extendido protecciones humanitarias temporales a cientos de miles de migrantes, y las prioridades de aplicación de la ley se han centrado en categorías más reducidas de inmigrantes no autorizados”, indicó el informe. “Estos cambios han cumplido algunas de las promesas de campaña del presidente Joe Biden”.
Agrega que las acciones migratorias de la Administración Biden han ayudado a impulsar la economía estadounidense, pero también a otorgar mayor certeza de respeto a sus derechos a los inmigrantes, al reducir “temores de una aplicación aparentemente arbitraria de las leyes”.
Gran parte de estos cambios migratorios son implementados por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero las políticas también contemplan otras agencias, como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El Congreso es un problema
El reporte agrega que los cientos de acciones migratorias, tanto de Trump como de Biden, se deben a la falta de una reforma migratoria que otorgue claridad en procesos.
“El ritmo acelerado de las acciones ejecutivas tomadas por la administración anterior y la actual es, en parte, una respuesta a la continua inacción en el Congreso, que no ha aprobado una reforma migratoria importante en casi tres décadas”, lamenta el reporte escrito por Muzaffar Chishti, Kathleen Bush-Joseph y Colleen Putzel-Kavanaugh.
El informe reconoce que el presidente Biden negocia en este momento en el Congreso algunos ajustes migratorios, como parte del paquete de $110,000 millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwán y algunos fondos para la frontera.
“Estas conversaciones también fueron en parte una respuesta a las acciones de la administración, mientras los líderes del Congreso discutían la limitación de la capacidad del presidente para realizar ciertos cambios migratorios, especialmente la concesión de permisos de inmigración, que permiten la estancia temporal en el país y la autorización de trabajo”, se acota.
Una crisis en la frontera
El reporte no señala a la Administración Biden como responsable de la situación en la frontera, pero destaca que los críticos del gobierno actual han arrancado estrategias bajo argumento de “inacción” en la frontera. Eso incluye el proceso de juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
“La frontera sur de Estados Unidos ha sido testigo de un récord de al menos 6.3 millones de encuentros de migrantes en y entre los puertos de entrada desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021”, dice el informe.
El análisis toma datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, donde desglosa cuántos inmigrantes han ingresado.
“Eso ha dado como resultado que se haya permitido la entrada a más de 2.4 millones de migrantes al país”, se reconoce. “La mayoría de estas personas se encuentran en procedimientos de deportación activos en los tribunales de inmigración, en los que pueden solicitar asilo como defensa contra la expulsión”.
Dadas las cifras migratorias, los expertos destacan que incluso algunos demócratas se suman a los republicanos para exigir un cambio en la política migratoria, además de adelantar que la inmigración será un tema clave en el proceso electoral.
