Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a prueba las promesas del gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las víctimas.
Las mujeres abocadas a esta tarea dicen que reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.
Pero ahora las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas mujeres, que han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, de los que se cree que hay miles. Dos buscadores fueron asesinados en los últimos dos meses.
Aranza Ramos llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020. Es hoy una de los 87.855 desaparecidos que hay en México. Se cree que la mayoría fueron asesinados por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados.
Los investigadores comprobaron a lo largo de la última década, desde el peor momento de la guerra contra el tráfico de drogas del 2006 al 2012, que las bandas entierran a sus víctimas en los mismos sitios, una y otra vez, creando macabros campos de la muerte.
Fue allí, en un terreno conocido como Ejido Ortiz, en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, que Ramos fue asesinada el 15 de julio, mientras buscaba a su marido.
“En el ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo”, dijo el grupo de buscadoras de Ramos en un comunicado. “Ese ejido es un lugar de exterminio activo”.
Tan activo que los buscadores dicen que se ponen nerviosos cuando llegan a un sitio donde todavía hay restos de un fuego. Quiere decir que los asesinos pueden estar todavía usando el lugar.
Luego de buscar durante un día —los voluntarios clavan varas metálicas en la tierra para ver si surge el olor delator de la muerte—, Ramos regresó a su casa en la ciudad de Guaymas. Poco antes de la medianoche, fue secuestrada. Los asesinos se la llevaron en un auto y arrojaron su cadáver lleno de balas a un costado de una carretera.
Cecilia Duarte, quien lleva tres años colaborando con las “Buscadoras por la Paz”, participó en reuniones en las que estuvo Ramos en la semana previa a su muerte. Duarte, quien encontró los cadáveres de su propio hijo desaparecido y ahora busca el de un sobrino del que no se tienen noticias, dijo que Ramos siempre tomaba recaudos.
“Trataba de que ella no saliera, ella no era vocero” del grupo, comentó.
Ramos procuraba no llamar la atención. La Associated Press trató de contactarla dos meses antes de ser asesinada, pero ella no respondió a mensajes.
“Aranza hizo una publicación la semana previa, diciendo que quería (encontrar) a su esposo, no a los culpables” de su muerte, según Duarte.
Hay tres reglas de oro que siguen los voluntarios que buscan a seres queridos desaparecidos:
—No usan expresiones como cuerpos o cadáveres. Dicen que buscan “tesoros”, porque para las familias eso es lo que son las personas asesinadas.
—Generalmente llaman a la policía si creen haber encontrado una tumba común, más que nada porque las autoridades a menudo se niegan a llevar a cabo pruebas de ADN si las exhumaciones no son hechas por profesionales.
—Las búsquedas no tiene por fin encontrar a los culpables, sino a los seres queridos, en la esperanza de que eso les evite represalias.
“No buscamos culpables, buscamos tesoros”, dijo Patricia “Ceci” Flores, fundadora de “Madres Buscadoras de Sonora”.
Es por ello que los grupos de búsquedas a veces reciben pistas anónimas acerca de dónde hay cadáveres enterrados, algo que probablemente solo sepan los asesinos o sus cómplices.
Esa tolerancia de las buscadoras, no obstante, parece estar llegando a su fin.
El día que fue asesinada Ramos, Flores recibió una amenaza telefónica. “Me dijeron que yo era la que seguía”.
Desde entonces hay un patrullero frente a su casa en Hermosillo.
Las autoridades del estado de Sonora dijeron que ofrecerán custodias a las buscadoras que se cree corren peligro. También se comprometieron a enviar equipos de excavación a los sitios que detectan las buscadoras en un plazo de tres a cinco días. Pero parecen más interesadas en evitar repercusiones negativas y convencieron a las buscadoras de que no tomen fotos de las fosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario ambiguo cuando se le preguntó por el asesinato de Ramos.
“Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres”, expresó. “Condenamos estos crímenes”.
Ramos no fue la primera persona abocada a la búsqueda de desaparecidos asesinada. El 30 de mayo, otro activista, Javier Barajas Piña, fue baleado en el estado de Guanajuato, el más violento de México.
Y dos periodistas fueron asesinados en Sonora en dos meses. El jueves, el periodista Ricardo López fue abatido a tiros en un estacionamiento de Guaymas, la ciudad donde mataron a Ramos.
En total, 68 activistas defensores de los derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinados desde que asumió López Obrador.
Las buscadoras siempre han tenido miedo. Van a parajes remotos, sitios abandonados donde se cometen crímenes terribles. Pero hasta ahora no había pasado nada y tendían a gnorar las amenazas.
Cecilia Duarte, la voluntaria que trabajaba con Ramos, relató que en una ocasión les enviaron “por un face falso un mensaje de que nos iban a despellejar. Pero yo pienso que si nos van a hacer algo, no nos van a avisar”.
En otra posible fosa, dijo Duarte, tuvieron la sensación de que las vigilaban. De hecho, vio a alguien que las observaba desde una colina cercana. Pero las buscadoras siguieron su tarea.
El asesinato de Ramos cambió las cosas, señaló.
“Nos pegó fuerte. Pararon búsquedas en Cajeme, Guaymas y Empalme”, manifestó.
Varios carteles, incluido uno dirigido por Rafael Caro Quintero —excarcelado indebidamente cuando cumplía una condena por el asesinato en 1985 de un agente de la DEA, el organismo de lucha contra el tráfico de drogas de Estados Unidos—, se disputan el control de Sonora y sus valiosas rutas para hacer llegar drogas a Estados Unidos. Incluyen las dos principales ramas del cartel de Sinaloa, que operan a través de bandas locales.
“Las autoridades deben de hacer más. Debería haber más seguridad, más investigaciones”, dijo Flores, de Madres Buscadoras de Sonora. “Para que no sean las mamás las que andan en los campos buscando, que sean ellos los que investigan”.
La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en México es de la misma opinión. “Cuando un estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”, expresó en un comunicado.
