La capital de Perú inició el martes un estado de emergencia por 30 días con mínima presencia de militares y policías en las calles. La medida se da debido a una ola delincuencial que ha impulsado los asesinatos y extorsiones en medio de una crisis política donde algunos legisladores exigen la renuncia del ministro del Interior.
“No existe Estado, estamos abandonados a nuestra suerte”, dijo a The Associated Press Pedro Quispe, de 48 años de edad, antes de subir temprano a un bus que lo iba a llevar desde la periferia norte de la ciudad hasta un taller de costura cerca del centro de Lima donde, dijo, “la delincuencia es pan de cada día”.
“Subes a un bus y pueden dispararte, bajas de un bus y te pueden robar, trabajas y te pueden extorsionar y matar”, señaló.
La víspera el conductor de un bus fue asesinado a tiros frente a los pasajeros. También fueron ejecutados a tiros un reciclador, una mujer que trabajaba en un paradero de minibuses, un hombre que barría fuera de su casa y otro que conducía su auto. Todos en la periferia de Lima, según reportes de las autoridades.
El gobierno decretó la víspera una emergencia que recortó derechos constitucionales en la capital. Las fuerzas de seguridad pueden ingresar a cualquier casa y detener a los ciudadanos dentro o fuera de sus domicilios sin orden judicial. Los peruanos tampoco pueden reunirse o transitar de forma libre.
