Pawtucket – La ciudad de Pawtucket pagará $60,000 en daños y pagará a algunos bomberos $1,000 cada uno para resolver una demanda provocada por un cateo ilegal de los casilleros de los bomberos el año pasado.
En ese momento, la policía estaba investigando acusaciones que involucraban a un solo bombero que recientemente fue declarado culpable de portar un arma de fuego sin permiso. El bombero, Patrick White, estaba armado cuando llegó a la Estación 6 para un turno, dijo la ciudad el año pasado.
Tras el arresto de White, una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Rhode Island en nombre de cinco bomberos acusó a la ciudad, incluido el jefe de bomberos John Trenteseaux, de autorizar un registro policial sin orden judicial de los casilleros privados de los bomberos.
El acuerdo, que obtuvo la aprobación de la jueza de distrito estadounidense Mary S. McElroy el miércoles, otorga $1,000 a cada uno de los cinco demandantes, todos bomberos: Noah LeBlanc, Stephen Garlick, Manuel Benevides, Scott McDonald y Steven Como. Otorga $59,163 para pagar los honorarios de los abogados y los costos de procesamiento del caso.
White fue acusado de dos cargos de posesión ilegal de un arma de fuego y dos cargos de posesión de cargadores prohibidos de alta capacidad. “Después del arresto, los bomberos plantearon una nueva preocupación: podría haber más armas de fuego en el área de los casilleros compartidos”, dijo un portavoz de la ciudad. “Para proteger a nuestros ciudadanos y miembros del Departamento de Bomberos de Pawtucket, miembros del departamento de policía llevaron a cabo una búsqueda adicional”, añadió. Reconoció que no se localizaron armas de fuego adicionales como resultado de la búsqueda posterior.
El oficial de policía de Pawtucket, Mario Comella, había obtenido una orden judicial para registrar un automóvil propiedad de White. Pero la orden no autorizaba ningún registro en los casilleros de los bomberos de la comisaría.
“El registro ilegal de nuestros casilleros personales fue una clara violación de nuestros derechos de la Cuarta Enmienda, y el acuerdo afirma que nadie está por encima de la ley”, dijo el demandante principal del caso, Noah LeBlanc. “Este resultado sirve como recordatorio de la importancia de respetar la privacidad y las protecciones garantizadas por la Constitución”.
