En febrero pasado, los gobiernos de Colorado y su capital, Denver, así como organizaciones comunitarias anunciaron que reducirán o cancelarán servicios a migrantes debido a los excesivos gastos sociales generados por su llegada masiva desde fines de 2022, que ha afectado a sus residentes.

Sin embargo, pese a que varias ciudades y condados de Colorado aprobaron resoluciones y ordenanzas indicando que no destinarán fondos propios para los nuevos migrantes, la Comisión del condado Alamosa, en el sur del estado, rechazó resoluciones antiinmigrantes, con lo que se suma a otras cinco jurisdicciones de ese estado que se han declarado en contra de estas medidas, debido en gran parte a la movilización de organizaciones locales defensoras de los inmigrantes.