El Congreso de México avaló finalmente la ampliación hasta el 2028 de la presencia de las fuerzas armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública, pese a las críticas de organizaciones humanitarias y opositores que consideran que la iniciativa profundizará la militarización del país y representa un retroceso en materia de derechos humanos.
Previamente aprobada por el Senado, la mayoría de la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma constitucional que extiende de 5 a 9 años la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, un tema espinoso en un país donde militares y marinos comenzaron a realizar labores policiales y combatir el crimen organizado desde 2006 en medio de llamados de que solo se hiciera de manera temporal.
Durante los 17 años que las fuerzas armadas han cumplido labores de seguridad públicas se han visto involucradas en numerosos casos de violaciones de derechos humanos, lo que ha llevado a diferentes dependencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias a exhortar al gobierno mexicano a regresar a los militares a los cuarteles.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar al poder, era un crítico de la presencia militar en las calles y prometió que de ganar la presidencia los regresaría a sus cuarteles. Eso no ocurrió y, al contrario, el mandatario ha encargado a las fuerzas armadas varios proyectos no relacionados con su labor castrense, como construir un nuevo aeropuerto y un tren turístico.
Por ser una reforma constitucional, ahora debe ser avalada por más de la mitad de los Congresos estatales antes de ser promulgada por el Ejecutivo.
Sin sorpresas y tras un maratónico debate que se prolongó por ocho horas, la cámara baja aprobó la reforma a la medianoche del miércoles, con 339 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones
La mayoría del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logró, con el apoyo de sus aliados y varios diputados de la oposición, los votos necesarios para modificar un artículo transitorio de la Constitución, vigente desde el 2019, que establecía que los militares debían permanecer fuera de los cuarteles hasta el 2024.
Como parte de la reforma se acordó la creación de un fondo permanente, que se activará a partir del próximo año, para fortalecer las policías estatales y municipales, y se estableció que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre el desempeño de los militares en las labores de seguridad pública.
